La España de las prohibiciones

MADRID- Casi diez prohibiciones durante la Legislatura de Zapatero. Concentradas en plena crisis económica. Para muchos, no sólo coyunturales y de escasa utilidad, sino que además suponen un ahogo social y económico en una cultura democrática. «Para controlar a los ciudadanos lo mejor es controlar su vida privada», sostiene el historiador César Vidal. «En España estamos viviendo un control asfixiante que irrita a la gente e intenta distraerla».

Lejos de conseguirlo, la sociedad española, con cinco millones de parados, no comprende que un Gobierno de izquierdas adopte unas medidas tan intervencionistas. «Una política de izquierdas debe mirar más por los intereses del ciudadano», explica Marcial Romero, profesor de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. «Esta sociedad sólo aguantará mientras el tejido interfamiliar soporte las pérdidas y repercusiones negativas. Cuando se venga abajo será cuando se manifiesten».

Prohibido fumar en establecimientos públicos, prohibidos los chiringuitos en la playa, prohibidos los crucifijos en los lugares públicos, prohibida la venta de bollería y golosinas en los colegios, el Parlamento catalán prohíbe los toros, prohibido circular a más de 110 kilómetros por hora.

 «Prohibido prohibir», pedían en mayo del 68 los estudiantes franceses sin salidas laborales y los trabajadores con un salario de 500 francos. «Nosotros somos más del mayo del 68», comenta el escritor José María Marco. «Este Gobierno está influido por el post 68 americano. Allí las restricciones funcionan porque no tienen una política ideológica. Europa no acepta que se cambie la vida de la gente. Como intentar quitarnos los toros o limitarnos la comida. Medidas posmodernas que no encajan».

Tales como considerar una institución gastronómica de nuestro país, como es el vino, una «bebida alcohólica peligrosa», algo que pretendía la entonces ministra de Sanidad Elena Salgado. Su sucesora, Trinidad Jiménez, ha logrado prohibir la venta de bollería en los colegios.

Rebaja del Estado de Bienestar
«Estas prohibiciones responden a un infantilismo insostenible», comenta Romero. «Más que reformas, las medidas del presidente suponen un proceso de rebaja del Estado de Bienestar. Y sordo a las demandas sociales. Como eliminar los crucifijos de las aulas, una medida que llegó hasta el Tribunal de Estrasburgo. Según una reciente encuesta de NC Report para este periódico, el 61% de la población española se manifiesta en contra. Sonadas y continuas han sido las protestas de las asociaciones de padres, como las 5.000 personas que protestaron recientemente en Almendralejo (Badajoz) para que se repusieran los crucifijos.

«Como San Pablo, Zapatero se ha caído del caballo», dice Romero. «Es como si de repente le hubieran entrado ganas de hacer muchas cosas. Todo empezó en plena crisis económica, cuando sus gurús no acertaron y para cuando admitió que España estaba en crisis emprendió el viaje a pasitos cortos».

Hechos como que el Gobierno esté reciclando un plan de 2008 en sus medidas de contención del gasto energético evidencian la falta de un programa político que necesita recurrir a ajustes coyunturales.

Amando de Miguel, sociólogo y miembro del Patronato de Honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, lo resume en un concepto: «albitrismo».

«Los albitristas aparecen en momentos de crisis económica», explica De Miguel. «En situaciones desesperadas proponen soluciones mágicas que, en su mayoría, son absurdas. En el siglo XVII se propuso recaudar más impuestos según los edificios tuvieran más ventanas y, más cerca, en la autarquía de los años 40, a Franco le aconsejaron subvencionar una fábrica de motores de agua porque se gastaba mucho. Con el Plan de Estabilización del 59 la cosa se normalizó. Algo me recuerda a este Gobierno».

Reformas en mal momento
Lo que los expertos critican no son sólo las medidas en sí, si no haberlas llevado a cabo en un momento en el que el número de parados casi alcanza los cinco millones. Según las plataformas hosteleras de España, las ventas en bares y cafeterías han caído un 19,14%, en restaurantes un 14,35% y en los establecimientos de ocio nocturno un 19,88%. Se calcula que estos datos pueden ocasionar la desaparición de más de 50.000 empresas y cerca de 200.000 puestos de trabajo. Respecto a bajar la velocidad máxima permitida a 110 km/h en autovías, LA RAZÓN pudo probar que en un automóvil de motor medio, a 130 km/h el consumo es más moderado que a 110 y a 120 km/h. En el mejor de los casos, el ahorro sería de 0,4 litros cada 100 kilómetros. Por el contrario, conducir entre 111 y 140 km/h supondrá una multa de 100 euros durante los cuatro meses que durará la ley. «La decisión de reducir a 110 km/h la velocidad permitida es la obra maestra de la estulticie de este Gobierno», considera el economista y catedrático Ramón Tamames. «No tiene fundamentos económicos, podríamos gastar más porque provocará mayores congelaciones de coches. Estamos en manos del Maquiavelo de León, lo que necesita España es una política energética a largo plazo. Vamos a terminar pagándolo muy caro».

Potenciar centrales nucleares
Por ejemplo, construir centrales nucleares nuevas. «Mermarían nuestra dependencia económica y repotenciar las que tenemos, sustituyendo piezas y partes. Con los avances se pueden cambiar hasta las propias vasijas de los reactores», afirma el economista. Opinión que comparte Amando de Miguel. «Las centrales nucleares podrían hacernos más independientes. De todas formas, el tema del crudo es un problema de precios, no de abastecimientos. Podríamos importarlo de Noruega o de Alaska, pero sería más caro. Y lo que demuestra que tenemos una economía primitiva es que la gasolina cuesta lo mismo en todos los establecimientos, a diferencia de Estados Unidos. Allí cada gasolinera, en un sistema de libre mercado, tiene un precio diferente».

Por su parte, el filósofo y escritor Fernando Savater no se «atreve» a criticar la reforma. «No tengo coche y no puedo opinar. Pero no todo puede regularse por decreto. Las leyes necesitan marcos donde confluyan éticas diferentes, pero prohibir es el último recurso». Savater afirma, por el contrario, que no se puede incluir todas las medidas en el mismo saco. «Prohibir los toros es una atribución del parlamento catalán que considero excesivo, y algunas responden a un Estado acosado por la crisis, pero otras eran necesarias». Para otros la cosa es más grave. «Somos una caricatura de país», considera De Miguel.