Un informe judicial confirma las facturas falsas de Unidad

Así lo considera un informe pericial encargado por el juzgado de Instrucción número 14, que instruye el «caso Unidad», y que señala también que la copistería Copyur expidió una factura «claramente duplicada» que sirvió para presentarla a ambas administraciones. En la documentación, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN de Sevilla, figuran con el mismo número (5082), la misma cantidad (2.517,84 euros) e igual fecha y conceptos. Tanto el Ayuntamiento como la Diputación habrían pagado esa cantidad en virtud de sendos convenios suscritos directamente con la asociación vecinal investigada, estrechamente ligada al PSOE.

En concreto, se trataría de pagos realizados en los años 2002 y 2003. En ese período, la Diputación abonó tres subvenciones justificadas con «facturas presumiblemente duplicadas», según las conclusiones del informe, solicitado en octubre y finalizado el pasado día 1. El Ayuntamiento, por su parte, habría aceptado de Unidad cuatro comprobantes también probablemente duplicados, todos ellos durante el año 2003. Tres subvenciones más concedidas, éstas en 2004, sí estarían debidamente acreditadas, a tenor del análisis pericial. Un informe anterior remitido por el interventor general del Ayuntamiento al juzgado de Instrucción 14 demostraba que el Gobierno entonces presidido por Alfredo Sánchez Monteseirín era incapaz de justificar esas siete subvenciones concedidas a la entidad vecinal afín, tras solicitar información sobre ellas el juez. El Ayuntamiento no halló los documentos que avalaran dichas concesiones.

Otras tres de las 18 facturas analizadas a petición de la Fiscalía se sospecha que son irregulares al estar también «presumiblemente duplicadas». Éstas sumarían una cantidad de 16.340,07 euros. Todas corresponden a facturas libradas por la copistería Copyur con destino a la citada entidad vecinal entre los ejercicios 2002 y 2005. El informe revela el descontrol existente en la empresa que colaboraba con Unidad, ya que las facturas expedidas no coinciden en muchos casos con las recogidas en su contabilidad. En total, se habrían justificado diez subvenciones con el Ayuntamiento y la Diputación, en seis expedientes distintos, incluyendo una duplicada –la número 5082– que da por hecho que se cobró dos veces, una a cada organismo.

En su análisis, el experto corrobora que los documentos expedidos no se corresponden ni en las cantidades ni en el destinatario con los cobros reales. Por ejemplo, el primero de los remitidos a la Diputación, el del famoso fax «para Pepi» enviado desde el Grupo municipal Socialista con instrucciones para falsificarlo, figura un importe de -91,98 euros, frente a los 1.700 que se pagaron y como un particular como titular. Otras ni siquieran aparecen contabilizadas. En concreto son tres, por valor de 2.182 euros. Esto se debería a que «posiblemente no se han realizado realmente las ventas, pero sí se han librado las facturas presumiblemente falsas». De las 18 facturas presentadas como irregulares por el PP, sólo cinco son consideradas correctas al quedar reflejadas en el libro de apuntes de Copyur.