Contra el gran hermano por Ángel Valle

¿Qué ocurriría si, a pesar de vivir en un país democrático y de estar amparado el derecho al secreto profesional por la propia Constitución, el Estado pudiera conocer la identidad de las fuentes de los periodistas, intervenir sus llamadas o controlar sus correos electrónicos? Pues para saber la respuesta, basta con fijar nuestra mirada en el Reino Unido, que tiene intención de sacar adelante una ley que obligará a los proveedores de servicios de internet a facilitar la información necesaria para que los servicios de inteligencia de la agencia gubernamental GCHQ –que actúa de la mano del MI5 y el MI6– puedan monitorizar las comunicaciones, sin necesidad de una autorización judicial.

El Ministerio de Interior británico ha asegurado que esta normativa, que ya trató de sacar adelante en 2008 el Gobierno laborista de Gordon Brown, tiene como objetivo luchar contra el crimen y el terrorismo, no entorpecer la labor de los periodistas, aunque grupos defensores de los derechos civiles consideran que se trata de una afrenta a los derechos fundamentales de los ciudadanos del Reino Unido.

Y es que esta nueva ley permitirá a los agentes del GCHQ acceder a los contenidos de correos electrónicos, llamadas o mensajes telefónicos, redes sociales e, incluso, saber a qué juegos on-line juegan los ciudadanos. Estos datos permitirán a los servicios de inteligencia saber quién habla con quién, a quién o quiénes se envían mensajes electrónicos… cada cuánto tiempo y durante cuánto tiempo.

Ante esta situación, Cleland Thom, uno de los más prestigiosos expertos en comunicación y legislación sobre internet y medios, ha escrito un artículo en la publicación digital sobre periodismo PressGazette, bajo el título «Los periodistas tienen que aprender nuevos hábitos on-line o arriesgarse a comprometer sus fuentes e investigaciones». «La mayoría de los periodistas ni siquiera toman medidas básicas para proteger su privacidad en internet», explica. Para aprender las más mínimas normas de confidencialidad, el autor explica cómo trabajar de forma «invisible» y proteger, sobre todo, el contenido de los correos electrónicos o de las llamadas y mensajes enviados desde el teléfono móvil. Para ello, recomienda activar la herramienta de encriptado del navegador web que utilicemos; asegurar la red de nuestro domicilio cambiando el nombre de usuario y contraseña que vienen por defecto con el router; no conectarse a redes wifi abiertas; apagar nuestra red personal cuando estemos ausentes; codificar nuestros mensajes en redes sociales; establecer «firewalls» en nuestros ordenadores y router… En definitiva, una serie de consejos que no por obvios algunos de ellos son puestos en práctica habitualmente por los periodistas. Cleland Thom ha elaborado con todos ellos un documento titulado «Stop a los fisgones», y que puede ser descargado gratuitamente en internet.

Evidentemente, no se trata de que de repente todos los periodistas nos volvamos unos paranoicos, pero sí de tomar una serie de medidas básicas para no facilitar el trabajo a ese gran hermano orwelliano que todo lo vigila. Y es que, no hay que olvidar que el secreto profesional, aunque está reconocido en distintos grados por los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países democráticos, hay algunos países como Francia, Bélgica, Gran Bretaña y algunos estados de Estados Unidos en el que es negado este derecho.