Indios del Amazonas pierden una batalla contra el Gobierno

La jueza Cristina Collyer Damasio, del Cuarto Juzgado Civil de Altamira, en el norteño y amazónico estado de Pará, falló a favor del consorcio Norte Energía (Nesa), por lo que prohibió a los manifestantes "actos de perturbación"y fijó una multa diaria de 500 reales (unos 292,5 dólares) para quien incumpla la sentencia.

La principal reivindicación de los manifestantes es que el Gobierno envíe representantes para negociar "el fin de las obras"de Belo Monte. El consorcio que aglutina a las empresas públicas y privadas encargadas de ejecutar el proyecto señaló en un comunicado que está "abierto al diálogo"con las comunidades de la región y reiteró que el estatal instituto del medio ambiente Ibama y demás autoridades avalan el proyecto.

Según el Consejo Indigenista Misionario (Cimi), organización ligada a la iglesia Católica, la ocupación ha movilizado a 600 personas entre indios de 21 etnias, pescadores y vecinos de la ribera del río Xingú, el afluente del Amazonas, donde se va a levantar la represa. Los manifestantes dijeron que han cortado la carretera nacional BR-230, conocida como la Transamazónica, en el municipio de Altamira (Pará), y acamparon en el sitio de las obras, con pretensión de quedarse de forma "permanente", según la nota de prensa del Cimi. Belo Monte se comenzó a construir el pasado marzo en Altamira, con un coste de 10.600 millones de dólares, y, según el proyecto, inundará 516 kilómetros de selva y desplazará a 50.000 vecinos.
La central será la tercera mayor del mundo, detrás de Tres Gargantas (China) e Itaipú (Brasil y Paraguay), con una potencia máxima de 11.233 megavatios.

La justicia brasileña tiene abiertas doce causas contra el proyecto y un tribunal federal suspendió ayer, por segunda vez, un juicio en el que se estudia si el Gobierno consultó previa y debidamente a los indios para llevar adelante la construcción. La obra es objeto de un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que determinó su suspensión inmediata por los daños irreparables en la región amazónica.
El Gobierno rechazó enviar un representante a la audiencia de este miércoles en la CIDH, donde las ONG y los movimientos indígenas brasileños denunciaron la violación de los derechos humanos por parte del gabinete de Dilma Rousseff, al que acusan de mantener una "actitud vergonzosa"contra ellos.