La ley antipiratería y la reforma del canon superan su primer trámite en el Senado

La ley incluye también la ley antipiratería -que afecta a las páginas de descargas de internet-, gracias al pacto entre el PSOE, PP y CiU, y después de que ésta fuera votada aparte y rechazada en el Congreso.

La LES será debatida el miércoles 9 de febrero en el pleno del Senado y posteriormente pasará al Congreso, donde será aprobada definitivamente.

Los senadores de la comisión destacaron que trabajaron en busca de acuerdos hasta el último momento, lo que ha quedado plasmado en el informe de la ponencia, dejando fuera de él aquellas enmiendas que todavía deben ser negociadas hasta su debate en el pleno.

El objetivo de la ley es sentar las bases para un cambio de modelo productivo y el Gobierno quiere que entre en vigor a final de febrero.

Al término de la sesión, la portavoz del PSOE, Yolanda Vicente, pidió que el debate sobre la LES no se centre sólo en la ley antipiratería, "porque es algo más e implica a muchos sectores".Además, incidió en el hecho de que las enmiendas se hayan pactado con todos los grupos, incluido el PP.

El portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, destacó que el texto de la ley fuera aprobado por unanimidad, lo que, a su juicio, demuestra la capacidad de trabajo del Senado para conseguir acuerdos en temas amplios, como lo es la LES que "es complicada, de gran complejidad y un cajón de sastre donde entra todo".

Vilajoana lamentó que en el informe no se incluyeran algunas enmiendas de CiU sobre las instalaciones fotovoltaicas, como las que piden moderar en un 10 % el recorte de horas con derecho a prima que pueden cobrar estas instalaciones hasta 2013.

Este recorte, que fue aprobado por el Gobierno en un real decreto ley, permitirá reducir, según el Ejecutivo, los costes del sistema en 740 millones anuales para los próximos tres años.

La Ley de Economía Sostenible comenzó su andadura en noviembre de 2009 cuando el Gobierno aprobó el anteproyecto con el que pretendía reconducir la economía con reformas en los organismos reguladores, los mercados financieros, la contratación pública y privada, la desgravación por vivienda y la creación de empresas.

Con esta ley, el Ejecutivo pretende que las empresas y los agentes económicos orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles.

Uno de los principales objetivos que se marcó esta ley fue establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo estable con bajo nivel de cargas administrativas.