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Cospedal señala el camino

Tiempo de lectura 4 min.

20 de junio de 2011. 22:28h

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21/6/2011

Austeridad y sensatez en la gestión de los recursos públicos. Sobre estas bases se asienta el proyecto de María Dolores de Cospedal como presidenta electa de Castilla-La Mancha. Ayer, en su discurso de investidura anunció una reducción tajante del gasto público que, lejos de ser una operación cosmética, es una medida de gran calado, ya que va a suprimir el 60 por ciento de los altos cargos de la comunidad autónoma. En concreto, suprimirá el 50 por ciento de los puestos de libre designación, reducirá las Direcciones Generales de 52 a 30 y disminuirá de 35 a 5 los delegados provinciales. Además, eliminará la figura en Castilla-La Mancha del Defensor del Pueblo, así como la Comisión Regional de la Competencia, el Consejo Económico y Social, y analizará la viabilidad de la Sindicatura de Cuentas con el fin de comprobar si es necesario mantener esta entidad o si, por el contrario, es prescindible. También establecerá un techo de gasto y de endeudamiento. Como bien dijo De Cospedal, uno de los principios del Estado de las Autonomías es la descentralización, pero ésta nunca se debe interpretar como multiplicar por 17 toda la estructura del Estado.  No cabe tampoco ignorar que esta reducción responde a la precaria situación económica de Castilla-La Mancha. En los primeros meses de este año, la comunidad arrastra un déficit que supone un 1,7% de su Producto Interior Bruto (PIB), con lo que se supera ampliamente el objetivo de déficit final del año, fijado en un 1,3%. En cuanto a la deuda regional, al cierre de 2010 ascendía a 7.054 millones de euros, el 19,5% de su PIB. Ante esta situación, De Cospedal no quiere demorar ni un segundo la sangría económica que sufre la comunidad que va a presidir. Las medidas de ahorro que detalló ayer la dirigente del PP son el camino a seguir y deben ser el mensaje que su partido traslade a todas las comunidades autónomas en las que gobierna o en las que empezará a gobernar. Algunos pensarán que el anuncio que hizo ayer De Cospedal es audaz, y es cierto por cuanto que los socialistas –en el caso de Castilla-La Mancha y en el de otras comunidades como Extremadura–, durante sus largos decenios de mandato, nunca han mostrado verdadero empeño por adelgazar la administración autonómica y atajar el clientelismo político, sino todo lo contrario. Pero, a pesar de ser audaz, el proyecto de la nueva presidenta es sensato, posible y, sobre todo, necesario. Tras los excelentes resultados electorales que permitirán al PP gobernar en sus tradicionales feudos, además de en Aragón, Cantabria, Baleares y Extremadura, llega el momento de la verdad y de poner en práctica unas recetas económicas marcadas por el ahorro, la contención del gasto público, el saneamiento de las cuentas y la austeridad. De lo que se trata es de ser más eficiente y diligente en la solución de los problemas, evitando las duplicidades entre las distintas administraciones con un aumento desaforado de cargos y una maraña burocrática de la que sólo se benefician unos pocos y que sirve únicamente para comprar voluntades políticas. A medida que se van conociendo las propuestas de los candidatos electos del PP, se comprueba que van en la buena dirección para beneficiar a todos los españoles.

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