Barcelona- El juez ordenó ayer el registro de una de las joyerías Rabat de Barcelona, para descubrir si un confidente y supuesto narcotraficante se gastó unos 400.000 euros en comprar relojes de lujo para regalarlos a cargos policiales. En un auto, al que tuvo acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, justifica la orden de entrada y registro porque los responsables de la joyería se han negado hasta ahora a facilitarle la documentación solicitada.

Agentes de los Mossos d'Esquadra registraron desde primera hora de ayer, por orden judicial, una de las joyerías Rabat, en busca de documentos para averiguar el destino de 77 relojes y objetos de lujo comprados entre 2004 y 2009 por el confidente y presunto narcotraficante Manuel G.C., que está siendo investigado por sus vínculos con la policía.

En el auto, el magistrado justifica la entrada en la joyería para hallar los números de referencia correspondientes a los relojes de lujo «presuntamente regalados por Manuel G.C. a una serie de personas que ocupan cargos relevantes en el ámbito policial».

Funcionarios relevantes
El juez recuerda en su escrito que el propio Manuel G.C. manifestó, en sede judicial, que los relojes fueron a parar a funcionarios públicos relevantes, aunque aseguró que no se los regaló, sino que hizo la compra a su nombre porque en la joyería le hacían una rebaja del precio de un 30 por ciento.

En el auto, el juez se sorprende por este argumento de Manuel G.C, ya que, según remarca, éste no le pudo explicar cómo logró concertar esta rebaja tan importante «cuando no poseía más medios de vida lícitos antes de 2004 que una tienda de compraventa de coches de segunda mano». El juez también señala que el confidente no le justificó cómo llegó a trabar amistad y ganarse la confianza de «personas tan notorias».

En cualquier caso, el magistrado señala que o bien Manuel G.C. «les regalaba relojes a los cargos policiales en agradecimiento a no sé sabe qué favores», o bien los funcionarios se sentían «con la confianza suficiente cómo para recurrir a él para obtener más baratos unos relojes, aún así inaccesibles a un funcionario público corriente», ya que muchos de ellos tienen un precio de 15.000 euros.

El magistrado destaca que está investigando la posible comisión de los delitos de cohecho y blanqueo de dinero, los cuales resultan a su juicio «de especial gravedad en cualquier país democrático, y más aún en la actual situación de crisis económica». «La crisis exige actuar en la represión de comportamientos corruptos», añade.