El Gobierno inhabilitará a Mas si hace su consulta

Madrid- El Gobierno pedirá a la Justicia la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, si después de las elecciones convierte en hechos su amenaza de convocar una consulta sobre la independencia de Cataluña. Se ampara en los artículos 404 y 410 del Código Penal y la denuncia por desobediencia o prevaricación sería ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. «Si convocara un referéndum pese a estar suspendido el acto administrativo incurriría en un delito», precisan fuentes del Ejecutivo.

La prioridad será paralizar la decisión y conseguir su nulidad inmediata, pero también estudian los mecanismos para actuar contra el líder de CiU si persiste en su proyecto de «saltarse la Constitución».

Recurso ante el TC
La vía penal de la desobediencia o la prevaricación apunta directamente contra él como responsable «en primera y última instancia» de la comisión del delito. Y sería en todo caso una decisión complementaria del recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para forzar la suspensión del referéndum por afectar a un ámbito que excede las competencias de la Generalitat.

Ya hay doctrina del TC derivada de su liquidación de la consulta soberanista de Ibarretxe. En septiembre de 2008 el Alto Tribunal declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la ley de la Consulta Vasca impulsada por Ibarretxe, todavía lendakari, por violación del artículo 149.1.32 de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares mediante referéndum.

Ibarretxe también se envolvió en el independentismo para afrontar las difíciles elecciones de marzo de 2009, que el PNV perdió. Y también amenazó con llevar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por «tumbar» su consulta.

Como ya informó este diario, el Gobierno ha decidido responder al órdago electoral de Artur Mas con un discurso combativo basado en la «ley y en la pedagogía» sobre las consecuencias económicas, y en todos los demás ámbitos, de la «huida hacia adelante» del presidente de la Generalitat.

A día de hoy, en el Ejecutivo sostienen que no entra en sus planes negociar los términos de una consulta que afecte a la soberanía nacional porque «no lo permite la Constitución». «La soberanía es un valor compartido. Sobre la soberanía no se puede pronunciar una parte, se tiene que pronunciar el todo», defendió ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una entrevista en La Sexta. El ministro insistió en que no se puede convocar un referéndum salvo en rebeldía y que, en ese caso, Mas podría llegar a cometer un delito.

Cospedal advierte
También se refirió a este asunto la secretaria general del PP, y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Dentro del mismo discurso contundente y de respuesta frontal a Mas, la «número dos» de los populares solemnizó que el Ejecutivo utilizará todos los instrumentos a su alcance para frenar una consulta «ilegal». ¿Implica esto también la utilización del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de la autonomía?
La respuesta de Cospedal se limitó a dejar la puerta abierta a todas las posibilidades que ampara la ley. «El Gobierno tiene que utilizar todos los instrumentos a su alcance para impedir que se vulnere la ley y la Constitución», subrayó.

Asimismo se le preguntó por la posibilidad de que el Ejecutivo recupere en su reforma del Código Penal la tipificación como delito de la convocatoria de un referéndum: la aprobó el Gobierno de Aznar en 2003 para hacer frente al «plan Ibarretxe», y, posteriormente, la derogó el PSOE cuando llegó a La Moncloa.

Cospedal respondió que el Ejecutivo de Rajoy dará «cumplida respuesta», lo que llevó a pensar que esa posibilidad estaba encima de la mesa. Aunque luego precisó que no le consta que ésa sea la línea de trabajo. Igual posición avanzaron desde Justicia: «Aunque se derogó el delito de convocatoria ilegal de referéndum la desobediencia a un mandato del Constitucional si es delito en el Código Penal».