En libertad también el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero

Guerrero permanecía encarcelado desde el 9 de marzo pasado y hoy la juez Mercedes Alaya ha decidido de oficio dejarlo libre bajo fianza de 250.000 euros, horas después de que la Audiencia de Sevilla acordase la libertad bajo fianza de 450.000 euros de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta preso desde mayo.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha dicho a los periodistas que la cantidad de 250.000 euros es acorde con lo fijado para Fernández dada la diferente capacidad económica de cada uno aunque elevada para la situación personal de su cliente, por lo que duda que la familia pueda reunir esa cantidad al menos en 15 o 20 días.

Por su parte, la familia y amigos de Fernández esperan reunir los 450.000 euros para mañana y conseguir entonces la salida del exconsejero de la cárcel de Morón de la Fontera (Sevilla), según ha anunciado su abogado a los periodistas.

La juez Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que la libertad de Guerrero responde a "un elemental principio de equidad y equilibrio entre las partes presuntamente responsables de los hechos que se investigan", y también porque el imputado "lleva privado de libertad varios meses".

Ello pese a que "existen sólidos indicios de su participación en los hechos especialmente graves que se le imputaron en su día", incluso "con mayor consistencia por la profundización en la investigación de la presente causa"aunque Guerrero diese en su declaración judicial numerosos datos sobre "el funcionamiento de la presunta trama organizada en torno a las subvenciones".

La medida de prisión, que era "necesaria"cuando se adoptó, no debe mantenerse "sine die"pues los riesgos de fuga o destrucción de pruebas "disminuyen por el avance de la investigación", según la juez.

Junto a la fianza, Alaya impone a Guerrero la obligación de presentarse en un juzgado todos los lunes y la prohibición de salir de España.

Guerrero fue encarcelado el 9 de marzo mediante un auto en el que la juez le imputó haber otorgado ayudas sociolaborales y subvenciones directas a empresas "de manera manifiestamente injusta y arbitraria"para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas"a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE".

Todo ello "permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza", según Alaya, que por ello le impuso otra fianza de responsabilidad civil de 686 millones de euros, correspondientes a las ayudas presuntamente fraudulentas otorgadas bajo su mandato (1999-2008).