Monteseirín recolocó a Castaño en DeSevilla estando inmersa en un ERE

SEVILLA- Alfredo Sánchez Monteseirín, ostentando la Alcaldía en funciones, solicitó el reingreso de Domingo Enrique Castaño Gallego a la Fundación DeSevilla, estando ésta inmersa, además, en un sospechoso procedimiento de regulación de empleo tramitado por los concejales de Izquierda Unida. Castaño figura como imputado en el «caso Mercasevilla» y en las diligencias del «caso Unidad». Un gesto de agradecimiento más del ex primer edil al que fuera su asesor, y que obliga al PP-A a pensar en el «pago de pactos políticos».
Un documento fechado el 26 de mayo –4 días después de las elecciones–, firmado por Monteseirín como presidente de la Fundación y remitido al gerente de la empresa municipal, Miguel López Adán, refleja esta petición, que habría sido formulada el 14 de diciembre por el también ex responsable de Vía Pública del Ayuntamiento, Castaño Gallego. En el mismo se especifican las cantidades a percibir, como empleado adscrito a la asesoría jurídica y con un salario base de 2.500 euros mensuales, más dos pagas extraordinarias del mismo importe.
La intención del Ayuntamiento sigue siendo cerrar la Fundación y estudia cómo hacerlo de forma legal. Uno de los puntos a concretar aún es si la recolocación de Castaño se produjo una vez iniciados los trámites del ERE, pues no sería legal incorporar a alguien a la empresa en este proceso.
La Fundación DeSevilla nació como organización no lucrativa que tenía por objeto social la formación de los trabajadores de las empresas municipales de Sevilla, la Cooperación Internacional y el Desarrollo Cultural de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El grupo de concejales de IU se encargaba de gestionarla, a través de la extinta área de Relaciones Institucionales. La intención de Juan Ignacio Zoido desde antes de acceder al Gobierno siempre fue eliminarla y en este argumento se sostiene la federación de izquierdas para defender el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido y al que se han adherido 12 empleados.
Desde IU se asegura que el procedimiento abierto suponía «una exigencia legal» y que se atiene a lo redactado por el Estatuto de los Trabajadores –si el número de contratos a extinguir es superior a diez, en empresas con menos de cien empleados, se considera un despido colectivo y debe solicitarse autorización conforme al procedimiento de regulación de empleo–, negando haber recibido ayudas estatales o autonómicas como sospecha el PP-A, que considera que se ha utilizado un ERE, al que ya denominan «ERE Griñán-Torrijos-Monteseirín», para «pagar pactos políticos».
«El pago de las indemnizaciones provenía de fondos de la Fundación», sostiene el partido de Torrijos, apelando al particular sentido de la responsabilidad para ejecutarlo antes de que entrase el nuevo Gobierno, lo realmente sospechoso. Y es que el ERE se autorizó el 30 de junio, pero se tramitó semanas antes, en el periodo de interinidad del Gobierno saliente. Algo que obliga a buscar más justificaciones a IU. «No se trata de ningún pacto, pues afecta a los trabajadores vinculados a los proyectos sociales que terminaban con el mandato municipal anterior», se argumenta, rachazando la «acusación patética y kafkiana del PP». El caso dará mucho que hablar.

Admitidas a trámite las denuncias a «Equipark»
Los juzgados de Primera Instancia números 1 y 14 han admitido a trámite las demandas colectivas presentadas por unos 110 vecinos de cinco barriadas –Zodíaco, Rafael Laffón, Pedro Vallina, La Romería y Eva Cervantes– contra la empresa «Equipark», solicitando la devolución de los 1.000 euros entregados de fianza, así como los intereses y los gastos judiciales para la adquisición de unas plazas de aparcamiento que no se han construido. El bufete que gestiona las demandas se encuentra a la espera de una reunión con el Ayuntamiento, al que considera responsable subsidiario, independientemente de quien gobierne.