Acusan a la Junta de «fraude» por comercializar con terrenos privados

Sevilla- José Antonio Oria puede que no sea el único damnificado por la actuación del anterior equipo del Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Eppa) en su finca del Terrón, en Lepe (Huelva). Como ya adelantó ayer LA RAZÓN, la Audiencia Nacional ha anulado una orden ministerial de 11 de enero de 2010 que aprobaba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de un tramo de la costa correspondiente a la margen derecha del río Piedras, pese a que, en virtud de esa condición de suelo público, ambas administraciones demolieron sus propiedades.

Pese a que esos terrenos estaban inmersos en varios procesos judiciales, la agencia de la Junta, dependiente ahora de la Consejería de Presidencia que dirige Susana Díaz, otorgó el 29 de diciembre de 2011 una concesión a la Asociación Náutica Deportiva El Terrón para «la construcción y explotación de nuevas instalaciones en la zona norte» de la mencionada área portuaria onubense. En el pliego de condiciones, al que ha tenido acceso este periódico, consta que la asociación, conformada por centenares de socios, debía desembolsar más de 93.600 euros en concepto de canon por la «ocupación privativa y de aprovechamiento especial del dominio público portuario».

El plazo de la ejecución total del proyecto, que ocupará una superficie de 3.804 metros cuadrados en suelo firme y de 21.456 en la lámina de agua, es de tres años. Los planes de la asociación y el Gobierno andaluz incluyen la construcción en tierra de una sede, un restaurante, una oficina, una zona de servicios y duchas o un área de marina seca, entre otras edificaciones. La inversión prevista: de más de tres millones de euros. ¿El conflicto? Oria asegura que «las instalaciones que se quieren hacer en tierra» se encuentran en su propiedad. «Los tribunales me están dando la razón –apunta–, y este plan puede echarse para atrás», avisa.

Considera que el Ejecutivo autonómico ha cometido un «fraude» al comercializar con «algo que no es suyo» y lamenta que su «negligente» actuación afecte a los miembros de la asociación náutica. Fuentes de la Presidencia de ésta confirmaron a este diario que solicitaron una concesión que la Junta les dio. «Las obras se están llevando a cabo y hemos invertido ya mucho dinero en ellas», apuntan. Creen que es «la jefatura de Costas en Huelva y la agencia de puertos de la Junta» las que han de «solucionar el problema con Oria». Su concesión administrativa es para un plazo de veinte años, prorrogable.

La EPPA dice que el acuerdo es válido
La Junta defiende que desde un punto de vista jurídico, «las transferencias y adscripciones habidas a favor de la comunidad continúan siendo válidas» y, por ende, «los títulos concesionales» que «con dicho soporte se hayan otorgado», pese al fallo de la Audiencia Nacional sobre el deslindel Terrón. Plantea que si Costas «estimara» que de él «se deriva alguna incidencia al respecto, y tras resolución expresa de esta Administración pública», consideraría «la modificación de la situación preexistente».