Una agresión política

La primera consideración que ha de hacerse de la criminal agresión contra el consejero de Cultura de Murcia y colaborador de LA RAZÓN, Pedro Alberto Cruz, es que tiene un claro móvil político. No se trata de un episodio de delincuencia común, sino de matonismo político puro y duro que lleva el sello de la izquierda radical. El insulto que precedió al ataque delata la intención de los tres agresores: «Sobrinísimo hijo de puta», en alusión al parentesco de Cruz con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Con este atentado a un consejero se ha dado un salto cualitativo en las protestas callejeras que desde hace varias semanas se vienen realizando en la capital murciana contra los recortes del gasto público del Gobierno regional. Este clima de tensión, alimentado por unos dirigentes sindicales que parecen descargar contra los gobernantes del PP la frustración que les producen los recortes sociales del Gobierno del PSOE, es el que ha envalentonado a la ultraizquierda «borroka» y chulesca. Es natural que los dirigentes sindicales murcianos se quieran desmarcar del ataque, pero tendrán que preguntarse si el ambiente de crispación y agresividad que han fomentado contra Valcárcel no habrá servido de coartada a los matones. El mismo interrogante vale para los responsables socialistas y, en especial, para quienes tienen la obligación institucional de velar por la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. En este punto, la actuación del delegado del Gobierno, Rafael González, dista mucho de haber sido competente y previsora. Peor aún, hay fundadas sospechas de que desoyó deliberadamente las advertencias y peticiones de más seguridad hechas por las autoridades regionales. Lejos de multiplicar la vigilancia sobre los manifestantes más violentos y de acentuar la protección de los cargos públicos, el delegado González ha desatendido su obligación, a pesar de que ya se habían registrado agresiones a viviendas y amenazas anónimas contra consejeros autonómicos. No sin razón, Mariano Rajoy denunció ayer la pasividad del Ministerio del Interior. Por el contrario, es un sarcasmo que el PSOE pida ahora al PP que «no politice los hechos», cuando es notorio que el delegado del Gobierno ha ignorado o desoído todas las señales de alarma y todas las peticiones de protección. Por lo demás, resulta preocupante el aumento del matonismo de izquierdas, que está pasando de las amenazas a las agresiones directas, sin que los responsables de la seguridad ciudadana parezcan inquietarse lo más mínimo. Ya no se contentan estos comisarios ideológicos de puño americano fácil con haber impuesto su ley en las universidades, donde tras acogotar a unos rectores pusilánimes deciden quién puede y quién no puede pronunciar una conferencia. Se aproximan fechas electorales a las que no son ajenas las dificultades y angustias derivadas de la crisis económica, y la brutal paliza al consejero Cruz podría no ser la última si el Ministerio del Interior no se toma más en serio su obligación de garantizar la seguridad de los responsables políticos, aunque sean de la oposición.