Los profesores de Madrid ya son «autoridad pública»

La Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid ha aprobado hoy, con los votos en contra del PSOE e IU, la Ley de Autoridad del Profesor que otorga a los más de 75.000 docentes de esta Comunidad -67.000 de la red pública y concertada y más de 8.000 de la privada- la consideración de "autoridad pública".La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, prometió esta ley el pasado septiembre en el Debate sobre el Estado de la Región, a raíz de la discusión sobre los valores educativos que suscitó por entonces la conducta violenta de un grupo de jóvenes en las fiestas de Pozuelo.El texto aprobado hoy, que deberá ser ratificado por el pleno de la Cámara el próximo 10 de junio, otorga la condición de autoridad pública a los profesores, directores y demás miembros de los órganos de gobierno de todos los centros educativos de la región.Esto supone que los docentes gozarán del "principio de veracidad"en sus denuncias, lo que les da la posibilidad de adoptar "medidas cautelares provisionales"contra los alumnos que contravengan las normas de convivencia.La ley establece que el profesor gozará de "respeto y consideración por parte de los alumnos, los padres y los demás profesores", y también de una "protección jurídica adecuada a sus funciones docentes"y de la "potestad para tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces".Además, obliga a los alumnos a "reparar los daños que causen, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, los materiales del centro y las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación".Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en estos casos.Cuando los alumnos incurran en conductas tipificadas como agresión física o moral a los profesores, la ley les obliga a "reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en privado", según lo que determine el órgano competente para imponer la corrección.El PSOE e IU han coincidido en que se trata de una ley "inútil", pero no "inocua".La portavoz socialista en la Comisión, Fátima Peinado, se ha mostrado convencida de que "puede traer bastantes problemas al profesorado", mientras que Eulalia vaquero (IU) ha advertido de que "se puede judicializar la relación con los alumnos"y producir una situación en la que "unos recelen de otros"."La ley queda en una mera declaración de intenciones. Es una ley placebo que no va a tener efecto práctico, sino problemas por la inaplicabilidad que tiene a efectos jurídicos", ha sostenido la portavoz socialista.A su juicio, la Comunidad de Madrid "no tiene competencia"para considerar autoridad pública a los profesores de la concertada.Además, ha advertido de que la "presunción de veracidad del profesor puede llevarles a consecuencias serias"y de que los alumnos pueden sufrir una "absoluta indefensión"ante posibles "decisiones arbitrarias".En sus enmiendas, que el PP ha rechazado, los grupos de la oposición han abogado por la prevención, la participación, la formación del profesorado y el incremento de recursos en los centros.Durante el debate, el PSOE e IU ha apostado por un modelo preventivo para mejorar la convivencia escolar, frente al "modelo punitivo"que, en su opinión, defiende el PP."Ya no valen las normas impuestas. Está demostrado que cuando las medidas se imponen de espaldas a la comunidad educativa generalmente se producen más conflictos", ha señalado la representante de IU, Eulalia Vaquero, tras lamentar la "frustración que va a venir cuando las familias descubran que detrás del autobombo de esta ley hay muy poca consistencia y ninguna medida eficaz".El portavoz de Educación del PP, Juan Soler, ha replicado que esta ley es un "acierto"de la Comunidad de Madrid y que responde a una "demanda de profesores y padres".Soler ha destacado la "importancia de que exista un autoridad para discernir los conflictos"que se puedan producir en casos de violencia con padres y acoso entre alumnos y ha argumentado que la "filosofía buenista"que tiene la izquierda para abordar ese tipo de problemas es precisamente la que ha "derivado en una situación que requiere una ley como ésta".