Consistorio Unesco y Cajasol amortiguarán el impacto de la torre

SEVILLA- Cansado tras una noche entera de viaje, pero con la satisfacción del deber cumplido, el alcalde, Juan Ignacio Zoido, desgranó ayer los detalles de la «dura» negociación que mantuvo en San Petersburgo, en el seno del comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, para evitar que se incluyera a Sevilla en la lista del patrimonio mundial en peligro. El regidor no esperó a llegar al Ayuntamiento dada la expectación que ha generado el asunto, así que en el propio aeropuerto anunció la puesta en marcha de una comisión tripartita –compuesta por la propia Unesco, Cajasol y el Ayuntamiento– para «amortiguar el impacto visual» del rascacielos.

Se abre así un nuevo cauce de diálogo entre los principales actores que giran en torno al edificio, para intentar articular medidas que contrarresten el principal argumento esgrimido por el organismo internacional para incluir a la capital hispalense en su «lista negra»: el impacto visual. «Icomos –el organismo asesor de la Unesco– debe venir, reunirse con la promotora del proyecto y, entre todos, ver si podemos buscar una solución», subrayó Zoido, quien se mostró convencido del acuerdo.

También se mostró partidario de promover modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para impedir que se construyan más rascacielos en el entorno del casco histórico. «De esta manera impediremos que, en un futuro, nuevos proyectos comprometan de nuevo el paisaje histórico de Sevilla», subrayó, aunque dejó la puerta abierta a que se promuevan construcciones de estas características en otras zonas de la ciudad más alejadas del centro. «Hay sitios más cerca de Alcalá que del casco histórico», recalcó.

La creación de una arquitectura legal que aísle el caso de la Torre Pelli es uno de los principales objetivos del Ayuntamiento. Y es de tanto calado la lección aprendida en San Petersburgo que Zoido se comprometió a poner en marcha «planes especiales» de protección en determinadas zonas del casco histórico con un alto valor patrimonial, como el barrio de Santa Cruz, el de Santa Catalina o el entorno de la Torre del Oro. Precisamente, los planes municipales pasan por pedir que este monumento sea declarado también Patrimonio Mundial de la Humanidad, por lo que se ampliarían la zona de protección y el número de bienes acogidos a la normativa del organismo internacional.

El caso de Sevilla sorprendió a los asistentes al comité, dado el elevado volumen de edificios que se concentran en el casco histórico. Por ello, el alcalde propuso la celebración en la ciudad de un congreso de expertos en la materia, para llevar a cabo un «avance teórico y doctrinal» sobre el paisaje histórico de Sevilla. De esta manera, se pondrían en común las normativas existentes en las ciudades con monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad y se analizaría esta declaración en consonancia con el «crecimiento lógico y normal de los núcleos urbanos», tal y como apuntó Zoido.

Todos estos compromisos serán revisados al detalle por la Unesco. De hecho, en febrero de 2013 el organismo internacional espera un informe sobre el grado de cumplimiento de los mismos. Entonces, se volverá a analizar el impacto del rascacielos sobre el entorno monumental.

Cuatro horas duró el debate en la ciudad rusa, en el que Alemania, por ejemplo, ejerció una oposición muy firme. «Hemos utilizado razonamientos jurídicos y hemos demostrado que el estado de los tres monumentos es magnífico», subrayó el regidor, quien se empeñó en dar las gracias a todas las personas e instituciones que son partícipes de este éxito: los miembros del comité de Patrimonio Mundial, los del organismo asesor Icomos, la Delegación del Gobierno en Andalucía –que ha canalizado las conversaciones con el Ministerio de Cultura–, el vicepresidente de Cajasol, Marcos Contreras, y el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez –estos últimos presentes en la comparecencia del alcalde–. Sobre el papel que ha jugado la Junta fue taxativo: «No ha trabajado».

También quiso Zoido poner de relieve que Icomos «no se va a arrepentir» de la resolución aprobada, a pesar de la oposición que ha ejercido contra el proyecto de César Pelli.