Chaves medió en uno de los ERE con más intrusos e irregularidades

El dinero provenía del «fondo de reptiles» y se tramitó de la forma habitual, «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido», según denunció la Intervención General. Los documentos tienen la siguiente secuencia. El 8 de abril de 2005, el presidente del comité de empresa de A Novo Comlink, José Barranquero, le mandó una carta al presidente andaluz, Manuel Chaves, en la que solicitaba un plan de viabilidad para la empresa, con problemas económicos debido a la ralentización del mercado de fabricación de teléfonos móviles.

La misiva también iba dirigida a los consejeros de Empleo e Innovación, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; al delegado de Trabajo en Málaga y al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, con el que ya estaban negociando. El 17 de mayo, Chaves recibió a los representantes de la empresa para avanzar en la solución del conflicto. El director del gabinete de análisis y relaciones institucionales de Presidencia, Juan Gallo, solicitó vía fax a la Consejería de Empleo toda la documentación para preparar la cita.

El 30 de mayo se avanzaba en la solución: un correo electrónico de uno de los directivos de A Novo al ex director general de Trabajo –hoy imputado en la trama– en el que se detallaban el número de personas afectadas (55) en un ERE suspensivo. Según informó el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, finalmente se aprobaron siete expedientes suspensivos a los que se destinaron 35.253.801 euros. En total, se suscribieron 183 pólizas de renta de las que en 42 de ellas se han detectado irregularidades administrativas.

De hecho, la compañía BBVA Seguros devolvió a la dirección general de Trabajo 198.000 euros en 2009 por pagos indebidos a estos trabajadores y detectó a una persona que estaba cobrando cantidades de manera fraudulenta. Era Manuel Jiménez de Miguel, militante socialista de una agrupación de Sevilla. En ese año, Guerrero ya no estaba al frente de la dirección general de Trabajo, lo que demuestra que en la Consejería de Empleo eran conscientes de las presuntas irregularidades que se habían cometido. Esta información forma parte del sumario del caso, ya que éste es uno de los ERE que está revisando el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Sanz recriminó a Chaves que haya mentido en el Congreso de los Diputados, ya que en respuesta a una de las preguntas que le han planteado, manifestó que «no conocía los ERE ni eran de su responsabilidad». El PP exigió la «dimisión inmediata o el cese» del vicepresidente tercero del Gobierno ya que la documentación demuestra que «la X de los ERE está definida».

A esta petición se sumó el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que pidió que el ministro de Política Territorial abandone el Gobierno por estar «personalmente implicado» en «uno de los mayores escándalos de la democracia». Para los populares, se comprende ahora el «pánico» del Ejecutivo a entregar a la juez las actas del Consejo de Gobierno: «Fue el propio Chaves, con la complicidad obligada de Griñán, quien tramitaba los ERE irregulares».

«Que se prepare Zarrías, que está hasta las cejas»
El PP desgrana la documentación sobre el escándalo y la hace pública de manera secuencial. El próximo objetivo es Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Política Territorial, «número cuatro del PSOE» y ex consejero de Presidencia de la Junta. «Que se vaya preparando. Está hasta las cejas y mañana o pasado estaremos con él y su capítulo, que se puede llamar ERE Ruiz Mateos-Zarrías». La familia Ruiz Mateos recibió 2,4 millones de euros del «fondo de reptiles» para saldar un préstamo con Caja Rural de Granada y financiar un ERE de una fábrica de Dhul en 2002, ampliado dos años más tarde.