El Gobierno no cambia a la Junta el nivel de endeudamiento acordado

SEVILLA- El Ministerio de Hacienda mantiene el nivel de endeudamiento aprobado el martes en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para todas las comunidades autónomas. Incluido el techo del 13,2 por ciento del PIB para Andalucía para 2013, según confirmaron a este periódico fuentes gubernamentales. Técnicos del departamento de Montoro trataron ayer de explicar a la Consejería de Hacienda que no ha existido discriminación alguna y que la fórmula elegida para calcular el techo de deuda de cada región ha sido la misma para todas. Y que en ningún caso se ha diseñado para perjudicar a Andalucía, como mantiene Griñán. «Qué me lo expliquen», reclamó el martes el presidente andaluz. Eso es lo que hicieron ayer, pero los argumentos siguen sin convencer en la Junta, que prepara la ofensiva judicial.

El Ministerio recalcó que se ha partido de la deuda de cada autonomía a 31 de diciembre de 2011. A esta cifra se le suma el déficit previsto de este año (1,5%) más la liquidación del pago anual pendiente de 2008 y 2009 –el dinero que las comunidades deben al Estado como consecuencia de los mayores anticipos recibidos a cuenta–. También se suma el déficit previsto para 2013 (0,7% del PIB). El resultado determina el límite de endeudamiento. En el caso andaluz, el 13,2, por debajo del 15,1 que esperaba, lo que se traduce en 2.735 millones de euros menos.

Ese dinero no puede aparecer en el apartado de ingresos en el próximo Presupuesto –aunque no estuvieran garantizados, porque los mercados financieras están casi cerrados–. Pero permitiría al bipartito andaluz asumir compromisos de pago por ese importe –aunque luego no se cumplan, lo que repuntaría el déficit–. Disminuye el Presupuesto andaluz en torno al 10 por ciento en 2013 y la consejera de Presidencia descartó recortar la administración paralela porque «presta un servicio público.

Fuentes del Gobierno explicaron que ahora será el Consejo de Ministros el que tendrá que aprobar el acuerdo del CPFF. En ese proceso aún pendiente se centran las esperanzas andaluzas. La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, aseguró ayer que Griñán y Rajoy mantuvieron el martes dos conversaciones telefónicas. Montoro y Aguayo también hablaron. El objetivo era reconducir la relación y flexibilizar los criterios. De momento, el Ministerio espera que Andalucía «entienda» que es una obligación fundamentada y no arbitraria.
Por si acaso, ambas Administraciones recuerdan la vía legal. El Gobierno central puede recurrir al artículo 155 de la Constitución, que permite intervenir a las comunidades que incumplan las leyes, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La Junta, por su parte, ordenó ayer a sus servicios jurídicos que estudien qué recursos y en qué vías pueden interponerse para anular esta decisión. Desde un requerimiento previo de nulidad de la decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, hasta un recurso en vía contencioso-administrativa o ante el Tribunal Constitucional.

La consejera de Presidencia apeló en varias ocasiones a la vía del diálogo, pero insistió en que la decisión supone un «ataque frontal» a Andalucía. «Rompe la igualdad y la equidad de los españoles», aseguró. Este nuevo enfrentamiento podrá reproducirse más adelante porque el Gobierno andaluz sigue sin descartar acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico «si no le limitan sus competencias». En septiembre habrá un Pleno extraordinario en el Parlamento para forzar al PP andaluz a unirse a PSOE e IU y pactar una postura común. La confrontación no cesará.

48 altos cargos menos... y 56 puestos más «a dedo»
N. Acedo
sevilla- «La consejera de Presidencia –Susana Díaz– miente». Y lo hace, según el sindicato de funcionarios Safja, cuando afirma que gracias a la
nueva organización periférica de la Junta se ha logrado una «Administración más austera, eficaz y eficiente», al haberse suprimido 48 altos cargos provinciales. «Lo que no dice», apunta el secretario general de la organización, Carlos Ezequiel Sánchez, «es que en el decreto por el que se regula esa estructura –342/2012– está previsto que se creen, como mínimo, 56 puestos de máximo nivel, de los nombrados ‘a dedo', cuyo coste será posiblemente superior al de los altos cargos suprimidos». La «trampa» está para el Sindicato Andaluz de Funcionarios en los
puestos «de confianza o asesoramiento especial», para personal eventual y
cargos directivos, que se crean en paralelo y a «hurtadillas» a la reestructuración del esqueleto
provincial. Calculan que el ahorro para las arcas públicas será «nulo», dado que el incremento de «puestos de carácter ‘de confianza o asesoramiento especial', es decir, el de cargos políticos, se eleva en casi un 30%, lo que supone el mismo porcentaje de disminución del total de altos cargos, como poco». Y apuntan otra arista: «Los nuevos secretarios generales provinciales podrán provenir de cualquier Administración pública». «Nos tememos –señala Sánchez– que esto sea el coladero por el que entren los afines al dúo Griñán-Valderas».