Ministerio de Justicia
El fiscal aprecia que el 25-S hubo «intento de invasión» del Congreso
Hay indicios de que siete de los detenidos usaron «fuerza o intimidación». El resto de arrestados pudo incurrir en desórdenes públicos, atentado y lesiones. La inhibición de la jueza a la Audiencia Nacional puede enviarse esta semana
Madrid- «Existiría una acción concreta imputable» a siete de los detenidos, «que constituiría un indicio de su intención de seguir los postulados de la convocatoria realizada en las redes sociales para «tomar el Congreso», y que por tanto estaría justificada la atribución de la competencia de la Audiencia Nacional en cuanto que existe un intento de invasión mediante fuerza, violencia o intimidación de la sede del Congreso, estando éste reunido».
Éste es el motivo principal que esgrime la Fiscalía de Madrid en el recurso interpuesto contra la inhibición decretada por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 en favor de la Audiencia Nacional respecto a todos los detenidos tras los graves incidentes ocurridos el pasado 25-S. La jueza remitirá previsiblemente esta misma semana su resolución a la Audiencia, la cual ya rechazó la competencia anteriormente.
Enfrentamientos
Por el contrario, el Ministerio Público considera que la causa debe continuar en los juzgados ordinarios de Madrid respecto al resto de detenidos, ya que de lo actuado se desprende que han podido incurrir, de forma indiciaria, en delito de desórdenes públicos, atentado y faltas o delitos de lesiones.
Y ello porque, esgrime la Fiscalía, «se trata en todos los casos de enfrentamientos con agentes de la Policía que, si bien se producen en el contexto de las dos manifestaciones que concluyeron con una concentración en los alrededores del Congreso de los Diputados, no evidencian una intención clara de acceder a dicha institución para poner en práctica los postulados de la convocatoria de la manifestación, dado que no se especifica respecto de los mismos que intentaran concretamente desarmar el vallado o acceder al perímetro de seguridad».
Intento de invasión
Así, sostiene que no se puede imputar «de forma indiscriminada» un delito contra las instituciones a todos los detenidos, que es el que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional, sino que, por el contrario, es necesario delimitar y concretar «respecto de quiénes existió un intento de invasión empleando la fuerza en lo que se puede definir como el perímetro de seguridad que las Fuerzas de Seguridad establecieron alrededor del Congreso colocando un vallado de protección».
Y es aquí donde llega a la conclusión de que ese delito de invadir con el uso de fuerza y de forma violenta el Congreso, en grado de tentativa, se podría imputar indiciariamente respecto a los siete respecto a los cuales insta que sean investigados por la Audiencia Nacional. En el recurso detalla los hechos que, presuntamente, cometió cada uno de ellos para argumentar su tesis.
Delito contra el Estado
La Audiencia Nacional recibirá esta misma semana la inhibición de la magistrada, quien considera en la resolución en la que acordaba esa medida que en el atestado de la Policía «queda claro que hubo una convocatoria ante la que la Policía protegía el Congreso de los Diputados y el derecho a que los diputados ejercieran libremente sus funciones», por lo que estima que los hechos «podrían encuadrarse en un presunto delito contra las instituciones del Estado».
La jueza aludía también en su auto a que esa concentración se celebró coincidiendo con la sesión plenaria que tenía lugar en el Congreso «con el fin de exigir una destitución y ruptura del régimen vigente».
La fiscalía pide a Tv3 el vídeo de los «tiros» al rey
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha comenzado a practicar las primeras diligencias para esclarecer si en el programa «Bestiari Il.Ilustrat» de TV3 se pudo incurrir en un delito contra la Corona, después de que en uno de ellos se simulara disparar «cuatro tiros» al Rey. Para ello, el departamento que dirIge Javier Zaragoza ha remitido a los Mossos D'Escuadra un oficio para que reclamen a la televisión autonómica catalana una copia del vídeo, que fue retirado tras desatarse toda la polémica. Junto a ello, el Ministerio Público le solicita igualmente que realice un atestado donde conste todos los relativos a los resposables del programa, presentadora del mismo, entrevistados, etc. Una vez que tenga en su poder esos datos y se analice detalladamente el contenido del programa, la Fiscalía decidirá si cita a declarar a algunos de ellos, archiva las diligencias o, directamente, lo remite a un juzgado para que sea éste quien practique las diligencias oportunas.
Por otro lado, TV3 anunció ayer la suspensión de la emisión de los diez capítulos pendientes de «Bestiari Illustrat» hasta 2013, para proteger su contenido y alejarlo de la polémica.
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