La Junta pagó comisiones de más de dos millones a mediadores de los ERE

Según ha podido conocer este periódico de fuentes de la investigación, existen al menos cuatro cartas firmadas por el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerreo, en las que ordena el pago de cantidades «por asesoramiento e intermediación». Dos de ellas estaban destinadas a Vitalia Consultora de Previsión Social con fechas de 20 de junio de 2002 y 30 de septiembre de 2004. Otra es para el Estudio Jurídico Villasís, gabinete donde colaboraba Juan Lanzas, uno de los hombres clave de la trama ya que ejercía la función de «conseguidor». Tiene fecha de 8 de julio de 2003.

No es la única intermediación que realizó Villasís, que participó de manera activa en ERE como el de Matadero Fuente Obejuna o Santana Motor. La cuarta orden de Guerrero era para beneficiar a Ingotor Seguros, y más concretamente a su representante legal, José González Mata, que intermedió en el ERE de Minas de Río Tinto. La misiva es de 22 de septiembre de 2003 y en ella, el ex alto cargo de la Junta ordenaba a Vitalia –la empresa que pagaba las pólizas a los trabajadores– que, de la cantidad entregada por la Junta, destinara una parte a la compañía de seguros con sede en Cádiz.

Las cantidades varían en función de cada ERE. La comisión oscilaba entre el uno y el dos por ciento. En el caso de Minas de Rio Tinto, el Gobierno andaluz desembolsó 90 millones de euros para las prejubilaciones. Ingotor se embolsó más de dos millones.

El Gobierno andaluz no cuenta las comisiones que se han llevado los intermediarios por mediar en la tramitación de los ERE. Ni lo hace ni tan siquiera las reconoce. En una contestación parlamentaria al PP fechada el pasado 16 de marzo, Recio aseguraba «que no consta en los sistemas de información de gestión de contratos ningún procedimiento de contratación administrativa mediante el cual se hayan adjudicado servicios a las empresas Vitalia y Uniter», las dos sociedades que han tramitado la mayoría de los ERE financiados con dinero público.

No hay contratos porque el sistema era el mismo que denunció la Intervención General: una simple carta rubricada por el director general al ente autónomo de la administración paralela –el IFA, luego Agencia IDEA– servía para abonar los pagos. Cantidades millonarias prescindiendo del control administrativo.

El fraude supera los nueve millones que reconoce el Ejecutivo de Griñán. En esta suma tampoco cuenta a los posibles intrusos que se han colado en los ERE «muertos», aquellos expedientes extinguidos que ya se han pagado en su totalidad y que la Junta se niega a investigar. Sólo ha analizado 68 que aún estaban vigentes, pero el total sin revisar asciende a 176. La mayoría absoluta del PSOE andaluz rechazó ayer en el Parlamento una petición de PP e IU para que la Junta los fiscalice. Lo tendrá que hacer la juez.

Fiscal de apoyo para el juzgado
La Fiscalía Anticorrupción ha designado al fiscal Manuel Fernández Guerra para que, junto al también fiscal Juan Enrique Egocheaga, participe en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en torno a la posible trama de prejubilaciones fraudulentas consumadas por empresas andaluzas e incentivadas con fondos autonómicos. Su trabajo se sumará al que ya desarrolla el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevillla, Juan Enrique Egocheaga. El fiscal asignado a este juzgado, Carlos Bedate, ha dejado, a petición propia, la investigación. La juez del caso, Mercedes Alaya, está eximida del reparto de asuntos.