El canon del contrato de aguas pasó de tres millones a 350000

La Policía Judicial de la Guardia Civil entró ayer en el Ayuntamiento alicantino de Redován, gobernado por el PSOE, para llevarse el pliego y el resto de la documentación relativa al concurso para el suministro de agua potable en la localidad, que ha sido adjudicado a la empresa castellonense Facsa. Un funcionario municipal detectó que el pliego de condiciones de la adjudicación provisional había sido alterado, y que el canon que la empresa adjudicataria debía pagar había pasado misteriosamente de 3.350.000 euros a solo 350.000. El funcionario lo puso en conocimiento de la secretaria del Ayuntamiento y ésta comunicó a la alcaldesa que iba a denunciar los hechos a la Guardia Civil. La primera edil decidió sumarse a la denuncia y fue ella misma quien puso los hechos en conocimiento del cuerpo benemérito.Dicho concurso estaba adjudicado de forma provisional a la empresa Facsa, aunque a última hora de ayer se había convocado un pleno extraordinario en el municipio para dejar sin efecto esta adjudicación.El error se detectó cuando la otra empresa que optaba al concurso y que no había resultado adjudicataria (Acciona en UTE con Bluesa) pidió los pliegos de la adjudicación. Fue entonces cuando, al parecer, el funcionario detectó el fallo.Ayer fue la segunda vez que la Guardia Civil visitaba el citado Ayuntamiento de la Vega Baja, ya que anteriormente lo había hecho el viernes pasado.Al parecer, la Guardia Civil, que no realizó registros ni llegó a «intervenir» el Ayuntamiento, sí que tomó declaración a la alcaldesa y a otros miembros del equipo de gobierno del PSPV, y también a varios funcionarios.Fuentes de la oposición municipal señalaron que a dichos expedientes sólo tienen acceso los miembros del equipo de Gobierno y algunos funcionarios municipales, y que nadie más los puede manipular.