Sanidad se da un año para pagar los anticonceptivos

En un momento de recorte social y farmacéutico, parece difícil de encajar una de las medidas contempladas en la norma: la financiación pública de los anticonceptivos hormonales de última generación. Sin embargo, Sanidad ha conseguido aplazar el debate y se ha dado un año para incluir estos fármacos (píldoras, parches y anillos vaginales, entre otros) entre los financiados.Así lo confirmaron hoy fuentes de Sanidad a este periódico. El motivo que aducen es que «la ley establece que hay un año para poner en marcha esta medida» y, en la actualidad «se está estudiando cuáles son los métodos más eficaces y seguros».Sin embargo, no es menos cierto que el lunes hay convocada un Consejo Interterritorial para hablar con los representantes autonómicos, entre otros asuntos, de la Ley del Aborto. Y ya se han escuchado voces críticas con el coste que tendrán que asumir las autonomías tras la entrada en vigor de la norma.La idea de incluir la financiación de los anticonceptivos en la denominada "Ley Aído"partió de los partidos de izquierdas. De hecho, en el debate en el Congreso, incluir esta medida fue una de las condiciones impuestas por el grupo parlamentario de IU, ICV y ERC para apoyar el Proyecto de Ley. Reivindicación histórica de las asociaciones de mujeresPero llevarla a la práctica puede resultar más complicado de lo previsto. En primer lugar, financiar los anticonceptivos es una reivindicación histórica de asociaciones de mujeres a la que nunca se ha dado respuesta. En la actualidad sólo se financian dos presentaciones, pero se trata de medicamentos antiguos, que no son los más recetados por los ginecólogos ni resultan aptos para todas las pacientes. Para Sanidad es muy costoso pagar parte de unos medicamentos dirigidos a población sana y, además, utilizados por un amplio segmento de las mujeres en edad fértil. El coste total no se conoce, pero algunas estimaciones calculan que podría superar los 100 millones de euros al año, algo que puede resultar contraproducente cuando el Gobierno se esfuerza en recortar el gasto farmacéutico. Pero, además, la última palabra no sólo la tiene el Ejecutivo. Las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de gestión, tendrían que poner su parte y es previsible que, al menos las gobernadas por el PP, se opongan.