Las empresas municipales maniatan al nuevo Gobierno

La ruinosa herencia del anterior Gobierno tiene maniatado a Juan Ignacio Zoido, que responsabilizó de la deuda de 70 millones que arrastra Tussam a la gestión del duo Monteseirín-Torrijos. «La empresa cumplía con sus presupuestos, pero el Gobierno anterior no transfería el dinero comprometido a la compañía». Aun así, el regidor hispalense aboga por mantener su carácter público, pero aplicando un nuevo plan de viabilidad.

Mientras tanto, la incertidumbre de los trabajadores de Mercasevilla continúa. Zoido instó a la Junta de Andalucía a «asumir la obligación» de financiar el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, pues en caso contrario estaría «lastrando y creando un perjuicio económico y financiero» a la empresa, «que no podrá seguir adelante», constituyéndose así como «responsable directa de la crisis».

El alcalde anunció que en diciembre ha de estar terminado el nuevo plan de viabilidad y confió en el esfuerzo de los trabajadores para sacar adelante la empresa «sin que tengan que peligrar los puestos de trabajo (198)».

Zoido incluso anunció que llevará una moción al pleno para buscar el apoyo del resto de partidos políticos. «Si la Junta no paga, la empresa no puede seguir adelante», agregó. De hecho, las cifras dicen que se halla en posible causa de disolución.

Sus declaraciones fueron rebatidas por Manuel Recio, sorprendido por las palabras del primer edil sevillano. «Por qué no pasa de la intención a los hechos. Mercasa y el Ayuntamiento son los accionistas de Mercasevilla y, por tanto, el Consistorio sabrá qué decisión tomar. Cuánto dinero va a poner, eso es lo que tiene que decir», comentó el consejero de Empleo.
Precisamente, ayer se conoció que el INEM ha retirado el subsidio de desempleo a los prejubilados afectados por la última sentencia.

Informe de Lipasam
El Ayuntamiento espera conocer la «legalidad» de posibles cobros extraordinarios de la compañía de limpieza después de que la Cámara de Cuentas citara a Monteseirín y al ex gerente, Alfonso Mir, para el 29 de septiembre con vistas a comunicarle el resultado de las investigaciones y actuaciones previas sobre Lipasam, dentro del procedimiento iniciado en 2006. «Luz y taquígrafo» solicita Zoido para conocer «las atribuciones que se hayan dado» en las empresas municipales durante el anterior Gobierno PSOE-IU.
Por último, el alcalde cifró en 1,5 millones el traslado y el equipamiento de la Jefatura de Policía de La Ranilla.