El comité denuncia un plan «oculto» de viabilidad para recortar la plantilla

El colectivo denuncia la existencia de un plan de viabilidad del que los responsables municipales no quieren informar y que contempla «medidas privatizadoras de servicios públicos» que desembocarán en un recorte de la plantilla más que drástico.

«Sabemos que ese plan de viabilidad existe», aseguró ayer el presidente del comité, Rafael Domínguez, quien denunció que «se nos niega esa información y, cuando preguntamos directamente por las medidas privatizadoras en estudio, tampoco nos dicen nada claro». Aun así, los sindicatos calculan que el «plan de viabilidad oculto» contempla reducir la plantilla «de los casi 200 empleados actuales a sólo 30».

Aprovechar la mala coyuntura
Domínguez lamentó que los responsables de Mercasevilla y el equipo de Gobierno intenten «aprovechar la situación económica de la empresa para privatizar servicios», así que los trabajadores continuarán sus movilizaciones el próximo lunes con una marcha a pie desde el mercado central hasta la Consejería de Empleo.

Los sindicatos rechazan que la plantilla sufra las consecuencias de la «mala gestión» del Ayuntamiento y la propia Junta, cuya negativa a cumplir sus «compromisos» financieros mantiene a la sociedad al borde de la ruina por los 9 millones de euros pendientes del ERE de 2007.

Domínguez advirtió de que la crisis de Mercasevilla empeorará inevitablemente debido a los contratos-préstamo suscritos con los prejubilados para que puedan percibir sus retribuciones. Tras insistir en la legalidad de esta fórmula, reconoció que los 900.000 euros comprometidos por la empresa desde diciembre de 2009 –unos 60.000 euros al mes– computan como «gastos no previstos» y empeorarán «a medio y largo plazo» los graves problemas de tesorería de la entidad.

Mientras, los prejubilados asisten «con indignación» a un escándalo que «denunciamos nosotros», según Domínguez, quien recordó que fue el comité quien detectó al «primer y único intruso» que reconoce: Antonio Garrido Santoyo, en el ERE de 2007.


Tres citas en los juzgados
El juzgado de lo Social 5 suspendió ayer el juicio del primero de los prejubilados de Mercasevilla que exigen al INEM sus subsidios, porque la juez aceptó la petición de la institución para que se amplíe la demanda a la empresa, su fundación, la Consejería de Empleo y Generali Seguros –propietaria de Vitalia–. El proceso queda vinculado a lo que ocurra el 24 de junio en otro juzgado, donde el INEM pide a 18 prejubilados el reintegro de las cuantías percibidas por desempleo, al contabilizar como rentas los contratos-préstamo. También tiene fecha, el 23 de noviembre, la demanda global del comité contra la Junta, el mercado central y el Banco Vitalicio.