La Guardia Civil investigará las cuentas de Garzón

El Tribunal Supremo quiere saber exactamente «el cuánto, el cómo y el de quién» cobró el juez Baltasar Garzón durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. Por ello, ha ordenado a la Guardia Civil que, a la vista de las cuentas corrientes del magistrado, depósitos bancarios, declaraciones tributarias y, en su caso, participaciones en sociedades civiles, realice un informe «acerca del origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos» que no se corresponden con su nómina como juez de la Audiencia Nacional entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006.

Esta petición la ha realizado el magistrado del Supremo Manuel Marchena, instructor de la querella presentada contra Garzón por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea por los delitos de prevaricación y cohecho, relacionados con supuestos cobros por parte de una entidad bancaria durante su estancia en la universidad americana.

El instructor de la querella destaca que las diligencias practicadas hasta ahora acreditan, al menos indiciariamente, que Garzón «percibió una importante cantidad de dinero que le fue abonada por el Centro de Derecho y Seguridad, entidad en cuyas cuentas corrientes fueron ingresadas las sumas desembolsadas, al menos, por cuatro» empresas. El total de esos ingresos ascendió a algo más de 500.000 dólares.

El informe solicitado a la Guardia Civil lo considera el magistrado totalmente necesario dada las «inexactitudes y contrariedades» y las «imprecisiones» detectadas en la declaración que prestó Garzón en relación con los emolumentos percibidos durante su estancia en Nueva York.
 
En este sentido, pone de manifiesto cómo Garzón manifestó que «todos sus honorarios» fueron abonados «con cargo a los presupuestos de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York». Sin embargo, destaca el juez del Supremo, de la documentación remitida por distintas empresas «parece desprenderse justamente lo contrario», ya que dos de ellas realizaron aportaciones de 100.000 dólares, una tercera de 125.000 dólares y otra más de 200.000 dólares, todas ellas a la cuenta del Centro de Derecho y Seguridad. Ese centro, afirma Manuel Marchena, es el mismo al que se refería Garzón en su declaración y, según sus explicaciones, «había quedado al margen de cualquier ingreso dinerario en concepto de patrocinio».

La ausencia por parte de esas entidades que asumieron los patrocinios de «cualquier medida de control, justificación o fiscalización del gasto respecto de las cantidades finalmente ingresadas por la Universidad de Nueva York» es otra de las causas que esgrime el instructor para justificar la necesidad de la prueba acordada.

«Camuflar ganancias»
Pero, además, el instructor señala que algunas de esas cantidades «en principio silenciadas» sirvieron para incrementar el patrimonio de las más estrechas colaboradoras» de Garzón en las dos series de conferencias que organizó: Laura Turégano y María del Mar Bernabé. Por ello, añade el magistrado, «es indispensable esclarecer si la manifiesta ocultación de cuantías y la rectificación de algunas de las partidas retributivas, son tan sólo fruto del desgobierno contable de la Universidad de Nueva York o, por el contrario, han formado parte de una estrategia encaminada a camuflar parte de las ganancias obtenidas» por Baltasar Garzón.

En relación con lo anterior, afirma que la primera certificación de la universidad americana, en marzo de 2008, suscrita por Laura Turégano, señalaba que Garzón recibió «exclusivamente» el sueldo correspondiente a su estatus de «visitante distinguido». Sin embargo, en su declaración judicial, reconoció que el contenido de esa certificación «responde a la indicación que en tal sentido le formuló» Garzón, el cual «le dijo lo que quería y ella redactó los certificados». En esa primera certificación se ocultó al Supremo la existencia de una «relevante aportación dineraria», 21.650 dólares, que permitió a Garzón financiar la estancia y escolarización de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. Esos gastos sólo aparecieron en un nuevo certificado de la universidad americana de diciembre de 2008, tras requerimiento del Supremo.

Por ello, el instructor considera que, inicialmente, el centro académico «enmascaró la realidad de una retribución que tuvo como beneficiaria a la hija del imputado» y, a la vez, entiende «razonable», al menos indiciariamente, que fue el propio Garzón quien impartió «las instrucciones precisas para silenciar toda mención a un pago complementario de tanta significación jurídica».

Por otro lado, el instructor critica duramente a la universidad americana por su «continua desatención y evasivas» a la hora de atender los requerimientos efectuado por el Tribunal Supremo en esta investigación.

Silencio por la duplicidad de sueldos
El instructor del Supremo destaca en su resolución el hecho de que Garzón ocultase tanto a la Universidad de Nueva York como al Consejo General del Poder Judicial, instituciones con las que simultaneaba una relación de dependencia, «la percepción de esa duplicidad de ingresos», ya que cobraba del centro académico americano y, a la vez, percibía su sueldo como juez de la Audiencia Nacional. Y ello pese a que tanto las autoridades académicas como el propio juez imputado reiteraron la existencia de un «estricto régimen de incompatibilidad, que habría actuado como garantía de que aquél no llegó a percibir cantidades ajenas a lo abonado en concepto de nómina por el Centro de Derecho y Seguridad» de la Universidad de Nueva York.