El despilfarro de Gómez

Casi 38.000 euros cada mes. El cambio de sede del Partido Socialista de Madrid, de un polígono «común» del distrito de San Blas a un edificio emblemático de la capital como el Palacio de la Prensa, ha provocado más de un quebradero de cabeza a los socialistas a la hora de elaborar el balance de sus cuentas.

Hasta el año pasado, el Partido Socialista de Madrid trabajaba en unas oficinas de 2.500 metros cuadrados en el número 8 de la calle Miguel Fleta. Un inmueble propiedad del PSOE sobre el que pesan dos hipotecas que el partido continúa sufragando puntualmente (246.185 euros al año hasta 2022 y 2024, respectivamente, tal y como consta en las escrituras del inmueble). Los que conocen al candidato a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, aseguran que una de sus principales metas desde que alcanzó la Secretaría General del PSM era mudarse de barrio. En San Blas, los socialistas disponían de espacio suficiente pero no contaban con la visibilidad que Gómez anhelaba para su formación. Dicho y hecho. Tras acometer unas obras sin la preceptiva licencia, los socialistas inauguraban en Callao el 10 de diciembre de 2009 su nuevo cuartel general, de 800 metros cuadrados, en una operación que voces del partido aún hoy califican como «un auténtico despilfarro».

Muchos son los que todavía dudan del éxito de la operación inmobiliaria de Gómez teniendo en cuenta la grave crisis económica que atraviesa el país y que el partido continúa abonando cada mes dos mensualidades de 20.515 y 4.327 euros a los que se suman los 13.000 euros en concepto de alquiler en el Palacio de la Prensa. El PSM suscribió con sus propietarios, la Asociación de la Prensa de Madrid, un contrato por diez años que costará a las arcas socialistas más de un millón y medio de euros y, al margen de la rentabilidad política que hayan podido sacar ya a la fachada de su sede, confronta con una de las primeras propuestas de su programa electoral. La promesa que no se aplica Tomás Gómez es la número 17 y dice textualmente: «Pondremos en marcha un Plan de Racionalización de Alquileres que reduzca los que actualmente tiene la Comunidad de Madrid y los sustituya por el uso de edificios propios».