Sevilla

El PP andaluz llevará a los socialistas ante la justicia

«No está siendo un tránsito ejemplar». El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció ayer que su formación acudirá a los tribunales para denunciar los «abusos» que, a su juicio, está cometiendo el PSOE-A en el proceso de traspaso de poderes en los ayuntamientos y diputaciones con mayoría popular.

Rosa Torres, presidenta del PSOE andaluz
Rosa Torres, presidenta del PSOE andaluzlarazon

Desde destrucción de documentos, concesión de subvenciones a entidades «amigas» y convocatorias de concursos de méritos «in extremis». Unas operaciones que demuestran que «los socialistas tienen muy mal perder» y un «preocupante déficit democrático». A su juicio, el PSOE «parece que no se ha enterado del resultado de las elecciones municipales» porque «cree que todavía tiene cancha y libertad para hacer lo que le dé la gana». Su objetivo, tal y como apuntó, es «dejar las cosas muy atadas para obstaculizar la labor de los nuevos gobiernos del PP».

«Se están tomando decisiones fuera de la ley, que se tienen que circunscribir exclusivamente al ámbito del mero y lógico funcionamiento organizativo diario, pero que en ningún caso pueden servir para desarrollar normativas vinculadas a contrataciones, subvenciones y ayudas para beneficiar a amigos», señaló el dirigente popular. Por ello, Sanz exigió al secretario general de los socialistas andaluces, José Antonio Griñán, que, «de inmediato», tome cartas en el asunto y evite «estas situaciones fuera de toda lógica del sistema democrático y del habitual tránsito de poderes de una formación a otra, si le queda algo de autoridad en su partido».

Entre otras artimañas, en el Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva) se destruyeron documentos tras las elecciones, lo que provocó la intervención de la Guardia Civil. Los socialistas llevaban 30 años gobernando la localidad. La Diputación de Málaga libró subvenciones a un total de 23 ayuntamientos socialistas poco antes de los comicios. Además, la Diputación de Cádiz convocó un concurso-oposición para intentar dejar fijos a 260 trabajadores, dejando incluso «atado» el tribunal.