Previsibilidad en la banca

Los mercados internacionales no digieren bien los movimientos espasmódicos a golpe de decreto ni la improvisación legislativa, y el camino que está adoptando el Gobierno español respecto al sistema financiero, como ha hecho en otros ámbitos clave de la economía, no está siendo el adecuado. Las agencias de calificación global han puesto ya el dedo en la llaga al subrayar la falta de claridad de la última reforma anunciada por Elena Salgado, y los inversores aún navegan entre los rumores y la indecisión. El problema radica en que una reforma publicada el pasado 13 de julio en el BOE, que estaba destinada a clarificar el panorama de las cajas de ahorros para que éstas pudieran obtener financiación en los mercados de capitales, ha perdido su validez tan sólo seis meses después. Y sin preaviso. Ni para el Banco de España, ni para las entidades crediticias, ni para el primer partido de la oposición. De hecho, tal y como reflejan las actas de la última comparecencia del presidente del FROB en el Congreso –que ayer publicó este periódico– el organismo supervisor había defendido hasta el último momento la solvencia de las fusiones, que afectan a 40 de las 45 entidades españolas. Eso no quiere decir que Miguel Ángel Fernández Ordóñez estuviese satisfecho con el resultado de la reestructuración, pues la resistencia de algunas comunidades autónomas a aprobar fusiones de cajas de distintas regiones dibujó un mapa que, en esencia, mantenía las estructuras de poder preestablecidas. Al margen de las disputas entre Salgado, la Oficina Económica de La Moncloa y el Banco de España sobre cómo afrontar la reforma de la reforma, lo cierto es que el Gobierno se ha guardado un as en la manga mientras plantea como tablero de juego unos criterios contables objetivos que supuestamente huyen de los agravios y las comparaciones. Y es que Salgado conoce a la perfección cómo está cada una de las entidades, y, ante la inmediatez de las próximas elecciones locales y autonómicas, sería peligroso caer en la tentación de ajustar los plazos según convenga a los intereses de partido. Sobre todo teniendo en cuenta que el nivel de solvencia que exige el Gobierno para nuestras entidades es el mayor del mundo, muy por encima de lo que establece Basilea III como obligatorio para 2013. Mientras el decreto toma forma, el sector privado, como siempre, toma la delantera. Primero fue La Caixa, con su conversión en Caixa Bank, y ahora Caja Madrid y Bancaja, con su anunciada salida a Bolsa para captar capital, entre otras entidades. Iniciativas claras para el mercado que señalan el camino a seguir a los demás, pero que, por contradicción, muestran la falta de claridad que reina en la parte gubernamental. Ahora, el temor de los analistas es que, contando con un sistema financiero de solvencia contrastada, tal y como demostraron los test de estrés, el Ejecutivo pierda una oportunidad de oro para sentar unas bases sólidas que garanticen la estabilidad del sistema, sin atajos ni pasos en falso, con transparencia y con el consenso de los principales actores políticos y económicos. Los mercados aguardan expectantes, pero ya está demostrado que tienen poca paciencia.