El Puig critica que se fuerce el derribo de las casas sin proyecto de regeneración

VALENCIA- Trescientos años de historia borrados en apenas cuatro horas. «Un día triste para los ciudadanos de El Puig», que asistían en silencio a la ejecución de la orden del Ministerio de Medio Ambiente que obligaba al derribo de decenas de las conocidas casitas de pescadores.
Pasadas las ocho y media de la mañana, una máquina de demolición comenzó los trabajos en 48 de las 49 viviendas afectadas -la que queda aún en pie se resiste a acatar la orden ministerial-. Muchos de sus propietarios prefirieron evitarse el disgusto y se quedaron en sus casas, según explicaba ayer el alcalde de la localidad, José Miguel Tolosa, que criticaba duramente la actuaciones del Gobierno central. «Se ha intentado todo para no llegar a este punto, pero cuando no existe voluntad de las dos partes por negociar, es imposible».
Las casas que ayer cayeron, fueron una concesión de un rey a los pescadores a cambio de entregarle dos veces a la semana la pesca. Tres siglos más tarde se habían convertido en el hogar de hasta seis generaciones. «Esta zona podía haber sido una atracción turística», pero tras años de negociaciones y la última negativa del Ministerio a conceder una moratoria , acaba con la esperanza de los vecinos.
 El Ayuntamiento se ha comprometido a correr con los gastos de demolición, pero espera que el Gobierno «actúe con la misma celeridad» a la hora de retirar los escombros que se han generado. «De lo contrario, si no vienen a quitarlos, se los llevaré yo a la puerta del Ministerio», anunciaba el alcalde.
Y es que Tolosa se teme lo peor. «Vamos a ser tan exigentes con ellos, como ellos lo han sido con nosotros, pero a fecha de hoy, no existe un proyecto que aclare qué será de la zona ahora que han derribado las casas».
 El esperado final «ha llegado y ha sido duro». Se acabaron las noches de verano en la terraza con vistas privilegiadas al mar. Los del Puig han sido los primeros de una lista de propietarios en todo el país que, poco a poco, tendrán que aceptar el derribo de sus casas para cumplir con la Ley de Costas.

Guerra de cifras en los chiringuitos
La Demarcación de Costas informó ayer de la ampliación de 50 metros cuadrados de terraza a los chiringuitos de La Malvarrosa, cuando «en realidad se reducen en 100 metros cuadrados porque la Ley estatal obliga a estos restaurantes a desmontar sus actuales terrazas de 150 metros cuadrados», según criticó ayer la concejala de Playas del Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal.