Sotoca afirma que es «rotundamente falso» que se vayan a despedir a interinos

MURCIA- Los consejeros de Sanidad y Educación, María Ángeles Palacios y Constantino Sotoca, respectivamente, informaron ayer de cómo desarrollarán sus departamentos la Ley de Medidas Extraordinarias, aprobada el pasado día 23 en la Asamblea Regional.
Palacios aseguró que la actual coyuntura económica ha obligado al Gobierno murciano a poner en marcha esta ley y, matizó que «no son medidas agradables, aunque el Gobierno regional es consciente de que son necesarias». Estas medidas, afirmó, son producto de la «pésima» planificación económica-financiera de los ejercicios presupuestarios anteriores realizados por el Estado, «porque se realizó una previsión de ingresos ficticia para todas las comunidades». Asimismo, la consejera reclamó la actualización del modelo poblacional, ya que «el Estado todavía sigue sin reconocer a más de 450.000 nuevos ciudadanos que viven en la Región de Murcia».
El objetivo de esta nueva ley, según expusieron los responsables autonómicos, «es adoptar medidas extraordinarias y coyunturales para mantener el estado de bienestar de los ciudadanos de la Comunidad en estos tiempos de dificultad».
La titular de Sanidad y consumo recordó que Murcia es la cuarta comunidad autónoma con menos deuda por habitante y una de las regiones más austeras, aunque se nos está castigando desde el Estado continuamente.
Respecto al alcance de las medidas que afectan al colectivo docente, el consejero de Educación aclaró que «la reducción de 75 euros mensuales correspondientes al complemento salarial que cobraban los profesores, es una compensación a la aplicación de las 35 horas semanales al resto de funcionarios de la Región». Además, Sotoca aseguró que, en cuanto al incremento de horario, es «rotundamente falso» que a partir de enero se vayan a producir despidos de interinos, ya que «las medidas previstas en la ley no afectan a la plantilla de interinos». De esta forma, el consejero criticó que algunas formaciones políticas y sindicales hayan generado tanta inquietud entre un colectivo «importante» de trabajadores en la Comunidad. El responsable de Educación explicó que estas medidas se aplicarán a partir de enero, por lo que resaltó que «cualquier recorte que hayan sufrido los docentes en Murcia, incluyendo los de la paga extra de este mes, se debe a la aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno central, y no a la aplicación de la Ley de Medidas Extraordinarias».
La consejera subrayó que el Ejecutivo regional ya llevó a cabo pautas de austeridad dentro de su Departamento y en el Servicio Murciano de Salud como la reducción del gasto corriente no sanitario de centros directivos, personal de gabinete y administración instrumental. Así, resaltó que «Sanidad solo cuenta con cuatro entes y ha adoptado medidas de ahorro y contención del gasto en el SMS que ha supuesto un ahorro de 30,2 millones». Respecto a la bajada del importe de Atención Continuada y por Nocturnidad, Palacios señaló que «las guardias del SMS son actualmente las más altas de las 17 comunidades y lo que hacemos es acercarla más a la media nacional», que aún así seguirán estando por encima de la media.

Debe dedicarse al desarrollo de España y no solo a criticar
El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, reprochó ayer que si el Gobierno de España «realmente hubiera tenido una buena política económica en los últimos tres o cuatro años no estaríamos en la situación en la que estamos». Marín contestó de esta forma al secretario general del PSOE en la Región, Pedro Saura, en la que señalaba al presidente de la Comunidad como «el moroso de 2010». Por lo que el consejero subrayó que «una persona madura y seria no debería estar haciendo, conforme a la situación económica, juicios de valor que no conducen a nada». En este sentido, Marín estimó que «alguien que forma parte de un Gobierno, como Saura, debe dedicarse a trabajar por el desarrollo de España», e insistió en criticar que «hace falta una política económica seria que no existe, que no arropa la política de Estado, que trate a todas las comunidades por igual».