Mercado inmobiliario
Casi la mitad de los pisos que Valencia ofrece en alquiler se quedan vacíos
Ni la crisis económica puede con ciertas costumbres. De las 56 VPP que se podían alquilar, 26 se quedaron sin dueño.
VALENCIA- El apego a la propiedad privada sigue arraigado en la cultura española a tenor de los datos que maneja el Ayuntamiento de Valencia. Así, mientras en la mayoría de los países europeos, la opción de alquiler es la más extendida, en España, y en la Comunitat Valenciana por extensión, los ciudadanos prefieren comprar una vivienda antes que destinar parte de su salario al arrendamiento. Ese y no otro parece ser el motivo del rechazo de la mitad de los pisos -de entre 50 y 90 metros cuadrados- que el Consistorio capitalino oferta en régimen de alquiler desde 270 a 470 euros al mes.
Hace apenas unas semanas, las Concejalías de Juventud y Urbanismo ofertaron 56 Viviendas de Protección Pública (VPP) en los barrios de Benicalap (34), Velluters (12) y La Punta (10). Se presentaron 364 solicitudes, de las que 115 cumplían todos los requisitos. Sin embargo, y pese al interés, una vez realizado el sorteo, 26 de ellas quedaron sin adjudicatario, es decir, un 46 por ciento de las viviendas ofertadas se quedaron sin inquilinos.
Sin embargo, cuando se trata de compra, los números varían. Así, las 77 VPP en alquiler con opción de compra que ofreció el Ayuntamiento de Valencia en los barrios de San Isidro, Velluters, Malvarrosa y La Creu del Grao, tuvieron adjudicatario.
«Stock» ajustado
Con todo y pese a la crisis económica que sacude en especial al sector de la construcción, la ciudad de Valencia presume de ser una de las pocas que todavía concede licencias de obras, tanto de protección pública como libre. Según fuentes municipales, no existe un «stock» excesivo. De hecho, las viviendas que están previstas actualmente, podrían abastecer las necesidades inmobiliarias de los próximos dos o tres años, es decir, todo el superávit sería asumido rápidamente, lo que impediría que el sector, como ocurre en otras puntos del país, se paralizara durante cinco o seis años.
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