Dejan en libertad al ex chófer de la coca para evitar «agravios» entre imputados

SEVILLA- La Audiencia Provincial de Sevilla dejó ayer en libertad sin fianza a Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, quien permanecía en prisión desde marzo por su imputación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Antes de entrar en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), Trujillo ratificó lo que había relatado a la Policía: que gastó unos 25.000 euros al mes en cocaína durante tres años junto a su ex jefe, a quien incluyó en «maratonianas jornadas» en las que llegaron a consumir hasta cinco gramos diarios, según afirmó.

Ahora, la Sección Séptima de la Audiencia recuerda en un auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que el ex chófer «ya ha permanecido siete meses en prisión preventiva», tiempo en el que no se ha logrado «información suficiente» sobre su patrimonio ni le han «localizado» bienes «susceptibles» de ser embargados, en el marco de la investigación que lleva a cabo el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

La Sala hace constar, asimismo, que Trujillo «no ha podido depositar los 150.000 euros» de fianza que se le impuso «a priori» ni «los 75.000 a los que la juez instructora –Mercedes Alaya– redujo después tal garantía» de lo que, a juicio de los magistrados, «cabe presumir razonablemente que dichas cantidades resultan inasequibles para el imputado, vedándole la posibilidad de acceder a la libertad provisional».

La Sala conviene además con la defensa del ex subordinado de Guerrero que «cabe apreciar cierto agravio comparativo» entre la situación personal de éste y «la de otros imputados en la presente causa». Se refiere, en concreto, a los empresarios que se habrían beneficiado de ayudas directas y sociolaborales presuntamente ilícitas por cuantías incluso superiores a los 1,3 millones en dinero público que el imputado recibió de la Junta, y que no han pisado la prisión en ningún momento.

Por todo ello, la Audiencia concluye que mantener encarcelado a Trujillo, a quien Alaya achacó 22 delitos diferentes, no satisfaría «el canon de proporcionalidad, razonabilidad, excepcionalidad y subsidiariedad que exige la doctrina constitucional» y ordena su «inmediata puesta en libertad» con una serie de medidas cautelares. ¿Cuáles? La prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial, de salir del territorio español, por lo que se le retendrá el DNI y el pasaporte; y la obligación de comparecer todos los lunes y miércoles en horas hábiles en el juzgado de Instrucción de la localidad donde reside, Llanos del Sotillo (Jaén).

La Junta se opuso
La decisión de la Audiencia sevillana se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción y el abogado del Gobierno andaluz se opusieran el pasado jueves en una vista a su puesta en libertad.

El fiscal se agarró a «la posibilidad de que existan bienes» que permitan al ex chófer afrontar los 75.000 euros de fianza que le impuso Alaya. Alegó además riesgo de fuga, a lo que la Sección Séptima replica en el fallo de ayer que en los siete meses que el imputado ha pasado en Morón, no se han «practicado nuevas diligencias probatorias que representen un cambiado sustantivo de su situación procesal» ni «se observan visos de una pronta finalización de la instrucción».

El representante legal de Trujillo, Antonio Aguilar, siempre ha defendido que su cliente «carece» de bienes para abonar la fianza, dado que su familia es «humilde» y su círculo de amigos no tiene «capacidad económica» para prestarle la cantidad requerida.

Con todo, gracias a la Audiencia esa ayuda no ha sido necesaria y su representado recuperó la libertad al borde de las 18.00 horas. Nervioso, esperó a un taxi junto a la garita de la Policía ubicada en el exterior del recinto penitenciario, cargado con un par de bolsas con sus pertenencias y sin querer hacer declaraciones.

Con el segundo acusado del «caso ERE» en la calle y tras la salida el pasado agosto del ex consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, quien sí recabó los 450.000 euros de su fianza gracias a aportaciones de su entorno; el único encausado en la trama de los ERE que permanece entre rejas es Guerrero. El jefe con quien supuestamente Trujillo se habría gastado el dinero de las ayudas y subvenciones en fiestas y regalos, según declaró.

Al ex director general de Trabajo, el juez de refuerzo, Iván Escalera, le rebajó recientemente la fianza de 250.000 a 150.000 euros, cantidad que, según su círculo, sigue sin poder reunir y que ha motivado que su abogado, Fernando de Pablo, haya recurrido la decisión ante el propio juzgado. En el nuevo escenario, el letrado ha apuntado a LA RAZÓN, que confía en que su cliente pueda salir «pronto» de la cárcel de Sevilla I, entre cuyas paredes lleva más de siete meses, a la luz de los últimos fallos de la Audiencia Provincial.