Responsabilidad por Álvaro Redondo Hermida

La Constitución proclama en su Preámbulo su voluntad de establecer un orden jurídico basado en el concepto de seguridad, una seguridad que permita el imperio de la Ley. Una seguridad que está indisolublemente unida a la responsabilidad de los poderes públicos, de las autoridades y de quienes ejercen una función pública. Una seguridad que en gran medida depende de que el ejercicio de funciones públicas sea imparcial y esté garantizado en su justicia y eficacia.

Por ello es adecuada una nueva ley que establezca el acceso de todos los ciudadanos a la información sobre la planificación y la financiación de las actividades públicas, así como a la información relativa a la gestión administrativa y económica, siempre que la revelación de dichos datos no perjudique el interés público, como puede ocurrir en casos excepcionales. Una nueva ley que proclame la ética de la función pública, puesto que el Derecho sin principios éticos es una estructura sin sentido ni finalidad. Una ética que permita la transparencia, considerada como un modo de impedir el gasto arbitrario, de asegurar el imperio de la soberanía popular sobre el cumplimiento del mandato de administrar fondos públicos.

Una nueva ley que reclame de las autoridades y funcionarios una conducta digna, infrecuente en las normas jurídicas, y que nos recuerda el precepto de la Constitución de Cádiz que proclamó el deber de los ciudadanos de ser justos.

Una nueva ley que regule el delito de ocultación de datos por parte del funcionario, porque la actual legislación castiga la falsedad en documento oficial cometida por funcionario público, pero la conducta ahora prevista consiste en falsear la exposición de los datos, lo que no es coincidente con la ausencia del cumplimiento del deber de hacer constar esos datos. Una nueva ley que prevea la equidad y la buena fe como principios de actuación de las autoridades y funcionarios, una equidad entendida como el trato igual de las situaciones iguales, una buena fe entendida como la sincera voluntad de realizar la justicia, según el leal saber y entender de quienes ejercen el poder público.

Álvaro Redondo Hermida
Fiscal del TS