1. Paralizar la implantación de la nueva oficina judicial
La APM considera que su implantación ha generado «serios recelos en la judicatura, que se ha sentido postergada del proceso y relegada a una posición en la que carece de maniobra y dirección que, por esencia, está destinada a servir de instrumento para el mejor desempeño de su actividad».

2.Desaparición de los jueces sustitutos en tres años
En su informe, la citada asociación pone de relieve cómo cada día laborable existe una media de 800 jueces sustitutos o magistrados suplentes actuando, lo que significa que uno de cada seis jueces no es titular. Ello viene motivado en parte por el elevado número de plazas vacantes (345 a fecha de 30 de junio de 2011), por la movilidad provocada por la comisiones de servicios, baja por enfermedad, etc. Este alto grado de interinidad resulta «perturbador, tanto para el funcionamiento de la organización, como para la institución». Para solucionarlo, la APM reclama un plan que derive en la «desaparición de los sustitutos en un plazo de tres años», y, de forma paralela, proceder a la «progresiva implantación de la figura de jueces de adscripción territorial, hasta alcanzar una cobertura razonable». Además, a todo ello se añade que no hay plazas vacantes para los 220 nuevos jueces que saldrán de la Escuela Judicial en febrero de 2013.

3.Cambio radical en el modelo de demarcación judicial
La APM considera que la actual demarcación judicial no responde a las necesidades de la Justicia, por lo que es necesario un nuevo mapa judicial de acuerdo a criterios objetivos de población, comunicación, servicios a prestar, etc; porque, al igual que no existe un oficina de la Agencia Tributaria en cada pueblo, «tampoco puede pretenderse que el ciudadano tenga un juzgado a la puerta de su casa». Por ello, la asociación apuesta por concentrar los partidos judiciales que puedan dar respuesta a los conflictos que se originen en distintos municipios. Se crearían los partidos judiciales para una población mínima de 50.000 habitantes, con sedes para prestar servicios que actualmente sólo pueden ofrecer las capitales.

4. Incentivación económica para los jueces
La APM considera que los incentivos económicos son compatibles con una política de restricción del gasto, mediante la cual se podría destinar una parte de las tasas vaya destinada a los jueces. Por eso, aboga por la introducción de un sistema de incentivos «alejado de las cantidades simbólicas que hoy se contemplan»; incentivación que puede y debe procurarse también sin aumento directo de sueldo. «Sería conveniente que parte de ese incentivo pudiera plasmarse en un plan de pensiones para que un juez que ingrese hoy en la Carrera tenga garantizado en su jubilación una indemnización de un mes de salario por año trabajado», esgrime la asociación mayoritaria de jueces y magistrados.