Sevilla
Los empleados de Mercasevilla vuelven a las calles
Los empleados del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, y los prejubilados de los expedientes de regulación empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007, cuyas rentas han quedado suspendidas, protagonizaron ayer una caravana de coches a través de las calles de la ciudad.
Las nuevas movilizaciones del colectivo responden a la difícil situación económica que atraviesa esta sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento y Mercasa, el conflicto del expediente de regulación de empleo de 2007 y la supuesta amenaza de externalizaciones.
Esta nueva protesta partió desde las propias instalaciones del mercado central de abastos. Desde allí, y durante más de dos horas y cuarto, aproximadamente una treintena de coches recorrió las calles de la ciudad a través de las avenidas de Andalucía y de Luis Montoto, la calle Recaredo, las avenidas de María Luisa y de la República de Argentina, la Ronda de Triana, la calle Torneo y la Ronda Histórica.
El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, explicó que la caravana, celebrada «sin incidentes», se detuvo en la calle Luis Montoto ante la sede del PSOE sevillano y en la avenida de la República de Argentina ante la sede de la Delegación provincial de la Consejería de Empleo. Ante cada una de estas sedes, los manifestantes utilizaron el claxon de sus vehículos para dedicar «una pitada» tanto a la cúpula provincial socialista como a los responsables de la Consejería de Empleo. Mercasevilla cerró el ejercicio 2010 con pérdidas por valor de 381.560 euros, toda vez que la Dirección General de la lonja había sido facultada, en el anterior mandato, para «llevar a cabo las medidas oportunas para evitar una situación de insolvencia», dado que el ejercicio anterior, el de 2009, fue saldado con pérdidas por valor de 4.123.666 euros. De hecho, mediado 2010, la empresa se vio obligada a someterse a una operación de ampliación y reducción de capital al objeto de eludir una posible causa de disolución.
La plantilla teme una posible «privatización» de servicios en un intento de la dirección general de ahorrar costes, toda vez que sobre la empresa pesa además un pasivo de 9.046.976 euros a cuenta de la incertidumbre que rodea a la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, al que se adhirieron unos 40 empleados cuyas nóminas han quedado en el aire. A esto, hay que sumar la situación en la que se encuentran tres trabajadores prejubilados cuyas nóminas figuran entre las 111 discordancias de la trama de los ERE fraudulentos.
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