El protocolo del ERE de Fernández también asegura que trabajó desde que nació

El convenio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, recoge los 94 números de NIF de los trabajadores afectados y, una vez más, sólo la fecha de antigüedad que le corresponde al exresponsable de Empleo es errónea.

Es el segundo documento oficial que incluye esa anomalía. El primero, tal y como publicó ayer este periódico, era la solicitud de la empresa en la Delegación Provincial de Cádiz para extinguir 94 contratos de trabajo de la compañía por causas organizativas y productivas. En el mismo, figuraba que el exconsejero de Empleo fue contratado el mismo día que nació, cuando debía aparecer 1971, año en el que ingresa como botones.

No es la única irregularidad detectada en la tramitación del expediente. El mencionado protocolo se firmó el 16 de abril, mientras la solicitud de la bodega ante la Delegación provincial de Cádiz está fechada el día 23 y en ella se hace referencia a que presentó el ERE dos días antes, el 21.

El acuerdo entre los trabajadores y la Consejería de Empleo fue anterior a la demanda de González Byass, que cinco días antes de presentar el ERE ya sabía que iba a ser financiado por la Junta de Andalucía. En concreto, la Administración se compromete a abonar 17.459.092 euros con cargo a la partida presupuestaria 31L, el denominado «fondo de reptiles» que investiga el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.

Por parte del Gobierno andaluz, el protocolo lo firmó el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, al que la Junta señala como único y máximo responsable de la gestión de esos fondos.

Pese a que Fernández ha asegurado en reiteradas ocasiones que no ha recibido ninguna cantidad por acogerse a este ERE, el protocolo establece que la Dirección General de Trabajo «abonará una serie de rentas o ayudas temporales de devengo y exigibilidad mensual cuyos destinatarios y beneficiarios únicos y finales serán los trabajadores que se recogen en el anexo». Según el exconsejero de Empleo, la cantidad que le corresponde –31.419 euros– la cobrará cuando se jubile definitivamente o quede en situación de desempleo.
También mantiene que se sumó al expediente presentado por González Byass ya que no tuvo más remedio porque estaba en situación de excedencia forzosa.

La investigación, esta semana
La Junta de Andalucía hará público esta semana –previsiblemente el viernes– el resultado de la investigación interna realizada por la Consejería de Empleo sobre los 45 expedientes «vivos» de los que aún se abonan cantidades con cargo a los Presupuestos autonómicos. Entre ellos, se incluye el de González Byass, ya que el protocolo contempla el pago diferido de los casi 18 millones de euros: 6 en mayo de 2009, otros 6 un año después, y el resto que aún queda por pagar, en mayo de 2011.

Según aseguró ayer la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, «estamos mirando con lupa todos los expedientes sabiendo que la inmensa mayoría son correctos, pero dispuestos a descubrir hasta la última mota de polvo que esté en nuestras manos».


Denuncia contra el exedil de Camas
La Junta de Andalucía denunciará a José Antonio García Prieto, que figura como «intruso» en el ERE de la empresa Intersur y que admitió que cobra una póliza financiada por la Administración tras perder el PSOE la Alcaldía de Camas. «Nadie podrá decir que la Junta tapó a ningún aprovechado con carné del PSOE», dijo ayer Moreno. García Prieto, que ha dejado su cargo en la Ejecutiva Local del PSOE de Camas, reconoció que le había pedido a Francisco Javier Guerrero que lo prejubilara «a título individual». La intención del Gobierno andaluz es «recuperar hasta el último céntimo que se haya podido burlar».