Ministerio de Justicia

El «caso Faisán» se verá en el pleno de la Audiencia como pedía el Gobierno

El «caso Faisán» se verá, al final, en el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, después de que ayer reclamara la causa su presidente Javier Gómez Bermúdez, tal y como adelantó este martes LA RAZÓN.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcabalarazon

De esta manera, fuentes gubernamental cree que se facilitará que esta causa se traslade a los juzgados de Irún, localidad en la que se encuentra ubicado el bar escenario del chivatazo a ETA, que en 2006 alertó a la banda terrorista de una operación contra su red de extorsión y, por el que hoy en día, el juez Pablo Ruz ha procesado a la cúpula policial de entonces.

Fuentes gubernamentales manifestaron ayer a este diario una cierta tranquilidad, después de conocer la decisión de Gómez Bermúdez. El Gobierno, que ha presionado para que fuera el pleno de la Sala quien decidiera sobre la causa, no ha ocultado durante estos meses su preocupación por que, al final, el «caso Faisán» se transformara en un «juicio sumarísimo» al proceso de paz.

Testigos

De hecho, fuentes judiciales no descartan que, de quedarse el caso en la Audiencia, se cite durante el juicio como testigos al secretario de Estado de Seguridad de entonces, el actual ministro del Interior, Antonio Camacho, y al actual candidato socialista a La Moncloa, otrora titular del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Con este golpe de timón dado por la Audiencia Nacional, la calma ha vuelto al Ejecutivo, que cree que se aleja la posibilidad de que este caso les estalle en plena campaña electoral de las generales.

Mientras, fuentes jurídicas justificaron ayer que se eleve al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por «su complejidad e importancia jurídica». La decisión, tomada por el presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, supone que serán los 18 magistrados que componen el pleno los encargados de estudiar, después del verano, los recursos presentados por el director general de la Policía, Víctor García-Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, el inspector José María Ballesteros, contra su procesamiento por la comisión de delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos oficiales.

La Fiscalía aprovechó estos recursos para presentar un conflicto de competencias, es decir, que este caso debe ser juzgado en Irún y no en la Audiencia Nacional. Si, el pleno de la Sala, acepta la demanda de la Fiscalía supondrá que los procesados no serán acusados de delito por colaboración con banda armada. El Ejecutivo confía en que, al final, sólo sean acusados por revelación de secretos oficiales y, por tanto, no tengan que cumplir pena de cárcel.

La comunicación

Gómez Bermúdez comunicó ayer al juez instructor, Pablo Ruz, al presidente de la Sección Segunda, Fernando García Nicolás, y al secretario judicial de esa sección que el asunto se elevará al pleno. Esta decisión se produce después de certificar la interposición de recurso de reforma subsidiario de apelación y de comprobar que el juez Ruz desestimó en reforma los recursos presentados por las defensas.

De esta manera, será el pleno el órgano competente que dirima el principal debate que ha suscitado el procesamiento de los tres mandos policiales: si incurrieron o no en un delito de colaboración con ETA o si sólo cometieron un delito de revelación de secretos como defiende la Fiscalía y alguno de los procesados, lo que significaría que los hechos no serían competencia de la Audiencia Nacional, sino de los Juzgados de Irún.

En este sentido, el magistrado instructor de la causa Ruz, al resolver los recursos, ha mantenido que los tres mandos policiales incurrieron en un delito de colaboración con ETA, porque con suactuación contribuyeron «a las finalidades perseguidas por tal organización», informa Efe.

Su opinión choca frontalmente con la de algunos magistrados del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que consideran que el delito de colaboración con banda armada va ligado inevitablemente a una adhesión ideológica a la organización terrorista. Por eso el Ejecutivo da por sentado que el «caso Faisán» se trasladará en otoño próximo a los juzgados de Irún.


Chaves, la defensa del candidato socialista
- El ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, calificó ayer de vergonzoso que el PP presente a Francisco Camps como un «héroe y mártir» por haber dimitido de la Presidencia de la Generalitat valenciana, tras su procesamiento en la la causa de los trajes. Mientras, se le ataca a él a y Rubalcaba. en ese sentido, recordó a los populares que ni él está imputado en el caso de los ERE ni Alfredo Pérez Rubalcaba en el «caso Faisán».