La guerra del Impuesto del Patrimonio deja en evidencia a Blanco y a Rubalcaba

En tan sólo cuatro días, esta posibilidad ha centrado la polémica política del momento no sólo pública, sino también privadamente, con un Ejecutivo dividido por la eficacia recaudatoria de un tributo que las autonomías se oponen a aplicar.

En estas cuatro jornadas, el Gobierno y el PSOE han mantenido, una vez más, posiciones contradictorias. Como botón de muestra del conflicto vivido a costa de esta cuestión, la aprobación del Impuesto de Patrimonio pasó de estar decidida este lunes a estar un día después en el aire. Incluso ayer a primera hora de la mañana la propia vicepresidenta primera, Elena Salgado, no confirmó a este diario ni siquiera si el Consejo de Ministros estudiaría este viernes el decreto ley para reactivarlo, pese a estar preparado desde hace semanas.

Salgado pospuso ayer la decisión a hoy. Instantes después, el jefe del Ejecutivo rehusó aclarar su postura, mientras el ministro de la Presidencia colocó en el tejado del presidente y de la vicepresidenta el desenlace final sobre si se resucita o no este viernes este impuesto. Horas después de esta aparente indecisión y tras la reunión de la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, Moncloa confirmó que el decreto ley será aprobado este viernes. El Gobierno no incluirá ninguna cuestión más en ese decreto, que deberá ser convalidado por el pleno del Congreso de los Diputados el próximo jueves.

Las dudas que el Ejecutivo ha mantenido estos cuatros días, desde el anuncio de Rubalcaba, se justifican por la reticencia del presidente a recuperar un tributo ineficaz para llenar las arcas de Hacienda. De hecho, el Gabinete de Zapatero se vio forzado a bonificarlo el cien por cien en 2008 ante la negativa de las autonomías a cobrarlo, después de que el sistema de financiación autonómica de 2001 dejara en manos regionales su gestión. A día de hoy, esta oposición de las comunidades a cobrarlo perdura. De ahí las dudas de Zapatero. Reticencias compartidas también por Salgado hace un año y medio.

Por entonces, el presidente demandó a la Oficina Económica de La Moncloa y a Economía un análisis sobre la posibilidad de crear un impuesto para ricos o recuperar Patrimonio. Salgado desaconsejó ambas medidas por razones diferentes. La primera, porque los «capitales corren a la velocidad de la luz» y, la segunda, porque las comunidades se oponían a aplicar Patrimonio. Un año y medio después, Salgado, persona de absoluta confianza de Rubalcaba, ha cambiado de opinión y se ha convertido en una firmen defensora de su reactivación, pese a saber de antemano que no se aplicará y que, por tanto, se quedará en un mero guiño de Rubalcaba a su electorado.

La vicepresidenta intentará superar el rechazo autonómico con la amenaza de quitar a las comunidades la compensación que perciben por el dinero que dejaron de ingresar por Patrimonio. Sin embargo, las generales, según todas las encuestas, abrirán un escenario político completamente diferente al actual que invalidará las sanciones que imponga. Es más, el PP ya ha expresado su oposición a este tributo.

Además de las serias y fundadas dudas del presidente sobre su recuperación, la familia socialista ha vivido una «guerra de cifras» en las últimas horas sobre el número de declarantes y el mínimo exento de patrimonio que no tributará por este impuesto. Ayer por la mañana, el portavoz del Gobierno, José Blanco, aseguró que afectará a unos 90.000 contribuyentes, con patrimonios cercanos al millón de euros. Horas después, el candidato socialista a las generales cifró en menos de 300.000 personas las que pagarán este tributo. «Creo que es razonable y justo.

Estamos hablando de 200.000, de 300.000 personas y creo que es razonable», aseveró. El número de contribuyentes manejado por Rubalcaba, 3,3 veces superior al barajado por Blanco, levantó una inevitable polémica sobre la improvisación a la hora de reactivar este impuesto.

Por eso, los equipos de ambos políticos se vieron forzados a desdecir a sus «jefes». En el caso del ministro portavoz, se puntualizó que Blanco se refería a los datos de 2007, último año en el que se tributó por Patrimonio. En el caso del candidato, se aseguró que Rubalcaba sólo había usado estas cifras a modo de ejemplo. Al final, fuentes de Economía aseguraron a LA RAZÓN que se aplicará a unos 94.000 contribuyentes.

El senador millonario
Parecía reticente a hacer público su patrimonio pero, finalmente, el senador del PSOE, Francisco Javier Irízar, ha destapado los casi 4 millones de euros que engloban su fortuna. Después de que se colgara en la página web del Senado los bienes patrimoniales de sus señorías, se supo que cinco de ellos no lo habían hecho. Se trataba de Rosario Soto, Benito Marín, José Antonio Pérez, Agustín Conde y el ya mencionado, Javier Irizar. Algunos se han justificado aludiendo a problemas técnicos y otros por bajas médicas, pero ayer se dio a conocer el patrimonio de todos ellos, donde destaca el de Irizar, que cuenta con unos 3.832.000 euros.


Motivo de discordia

Primero, Blanco
El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, insistió por la mañana en la Cope en que los ciudadanos con grandes patrimonios deben contribuir más a la Hacienda Pública.

Rubalcaba y su versión
El candidato socialista del PSOE a las próximas elecciones generales aportó cantidades distintas a las que había ofrecido Blanco. Después llegaron las rectificaciones.

Los datos de Hacienda
Según el Ministerio de Economía y Hacienda, en 2007, último año con el Impuesto de Patrimonio vigente, hubo menos de 150.000 contribuyentes con más de 750.000 euros.