Las administraciones pierden 25000 millones por la crisis de la vivienda

En 2006, en pleno «boom», las transacciones alcanzaron su máximo histórico, 955.186, según la estadística del Ministerio de Fomento. Entonces, según los cálculos del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), las diferentes administraciones se embolsaron unos 40.000 millones de euros derivados de los impuestos por la adquisición de vivienda –IVA o Impuesto de Transmisiones Patrimoniales–, así como los que emanan de su construcción –licencia de obras y aprovechamiento urbanístico–. Ahora, las ventas no llegan ni a las 500.000 unidades –491.000 en 2010– y la recaudación por estos conceptos impositivos apenas alcanza los 15.000 millones de euros anuales. Como explica José Antonio Pérez, director de la Cátedra Inmobiliaria del IPE, cada 10.000 millones de euros equivalen a un 1% del PIB español. «Con esos dos puntos y medio de recaudación que se han perdido se podrían arreglar bastantes cosas en este país, empezando por el abultado déficit público», explica Pérez. A la luz de estos datos, el Instituto de Práctica Empresarial se cuestiona si no sería oportuno reintroducir la desgravación por compra de vivienda habitual que el Gobierno suprimió a comienzos de año para estimular de nuevo al mercado. Según sus cálculos, el Estado gana más empujando las ventas a través de la deducción de lo que tiene que devolver a través del IRPF por este incentivo.
Lo cierto es que la última palabra sobre estas ayudas todavía no está dicha. El Ejecutivo socialista las eliminó siguiendo las recomendaciones del FMI y la OCDE. Ambos organismos internacionales consideran que las deducciones, a la postre, no suponen ningún ahorro para los compradores porque los promotores, sabedores de su existencia, acaban por repercutirlos en el precio de la vivienda. Sin embargo, el Partido Popular ha anunciado que, en el caso de ganar las próximas elecciones generales, se planteará su reimplantación. Un anuncio que causó cierta perplejidad en el sector, que no comprende que se haga una propuesta como ésta con tanta antelación. Con las compraventas en mínimos, explican, cualquier insinuación de que la desgravación puede volver a ser implantada puede provocar que muchos aplacen su compra hasta saber si la promesa de los populares se materializa, lo que agravaría la atonía de ventas que vive el sector.