Las comunidades del PP castigadas por la Ley de Costas

Murcia- La última remodelación de Gobierno de Rodríguez Zapatero trajo a la cartera de Medio Ambiente a la comunista Rosa Aguilar. Este cambio de cromos tenía una singular importancia para Murcia, ya que de las decisiones de la ministra dependen temas tan vitales para la Región como la regeneración de la Bahía de Portmán, la actualización del Plan de Cuenca del Tajo, así como la aplicación de la Ley de Costas.

Cabe destacar, que el brazo ejecutor de esta legislación da la casualidad que tiene una importante ligazón con Murcia. Y es que el director general de Medio Ambiente, Pedro Antonio Ríos, tiene el honor de pertenecer a esta tierra. La procedencia geográfica de Ríos no se espera que se traduzca en un trato de favor hacia la Comunidad, ya que su obligación es hacer cumplir la ley. Ahora bien, tampoco es de recibo que sus actuaciones obedezcan a criterios políticos y partidistas.

De esta forma, no se alcanza a comprender que un murciano se muestre presto a derribar cuatro establecimientos en la Región, cuando se hace la vista gorda sobre otras comunidades en las que se da la misma situación, con la única diferencia de que en éstas gobierna el PSOE.

En este sentido, el diputado nacional por Murcia Jaime García-Legaz exigió ayer el mantenimiento de la pescadería Miguel en San Javier, sobre la que pesa una orden de desahucio y derribo. «La pescadería Miguel es emblemática para nuestra Región y forma parte de nuestro patrimonio turístico y cultural», destacó García-Legaz, quien lamentó que «además, con el cierre por decreto que ha dictado un juzgado promovido por Demarcación de Costas del Estado, ocho familias se van quedar sin sustento».

García-Legaz añadió que «precisamente en una situación económica tan difícil como la que se vive en nuestro país, Costas prefiere hacer un ‘desahucio express' para mandar a ocho familias al paro y eliminar uno de los focos de atracción turística del municipio». Por eso, recalcó que desde el Partido Popular «queremos que se preserve este establecimiento, más aún cuando no se ha ofrecido ninguna alternativa laboral a las ocho familias afectadas que dependen económicamente de este negocio».

Para el diputado popular «mal ha empezado Pedro Antonio Ríos en su labor como director general en el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino cuando lo primero que hace es olvidar el servicio que debe prestar a los murcianos y manda a ocho familias al paro. Que les dé una alternativa o al menos una explicación».

Batería en el Congreso
Por eso, García-Legaz anunció que va a presentar en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas para que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y Pedro Antonio Ríos «nos den explicaciones de este ‘derribo express', cuando en otros puntos de la geografía española el Ministerio mira para otro lado».

Al hilo, el diputado señaló que va a preguntar cuál es el criterio que sigue este Gobierno de Zapatero para determinar la aplicación de la Ley de Costas. «Al parecer sólo se aplica cuando afecta a establecimientos de la Región de Murcia y mira para otro lado cuando se trata de las comunidades gobernadas por el PSOE».

Además, García-Legaz subrayó que el Partido Popular ha presentado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para conocer por qué no se produce el derribo del Hotel El Algarrobico, cuando ya hay una sentencia en firme que obliga y no tiene recurso posible y que se ha construido después de la Ley de Costas en un paraje protegido medioambientalmente. «Pedro Antonio Ríos mira hacia otro lado cuando se trata de El Algarrobico porque está en una comunidad autónoma gobernada por el PSOE, pero cuando se trata de la Región de Murcia no les tiembla el pulso para mandar derribar un establecimiento. No hay ningún tipo de criterio», criticó.

Por otro lado, García-Legaz destacó que «por fin el Gobierno de la Nación se ha dignado a responder a las preguntas que había planteado sobre los derribos en la costa murciana que pretende llevar a cabo, tras haber tenido que pedir amparo al presidente del Congreso ante la falta de respuesta del Ejecutivo». Según las respuestas del Gobierno, estas actuaciones afectan a dos pescaderías de San Javier, un restaurante y un hotel en Mazarrón.

Desidia de la alcaldesa
Por su parte, el presidente del PP de San Javier, Juan Martínez Pastor, criticó la «pasividad» y «falta de compromiso» del equipo de Gobierno de San Javier con el municipio. De hecho, recordó que «ha acatado obedientemente las directrices de su partido en lugar de exigir al Gobierno y a su partido que respete el mantenimiento de este establecimiento, con más de 50 años de historia y que ya es simbólico para el municipio. Es un negocio próspero y que da vida al entorno del paseo marítimo de Santiago de la Ribera».

Por último, Martínez Pastor hizo hincapié en la «sorprendente celeridad de Costas por hacer cumplir un auto sobre el cual se podría haber interpuesto un plazo de apelación».

Derribos en Murcia desde 1994
La Ley de Costas entró en vigor en 1988, momento desde el cual la Administración General del Estado, competente en su aplicación, viene desarrollando un conjunto de actuaciones con el objetivo de delimitar y recuperar el «Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)». Esto conlleva la eliminación de determinadas instalaciones, edificaciones o infraestructuras que ocupan DPMT, atendiendo de forma individualizada en cada caso. En el contexto geográfico de la Región, las actuaciones de demolición que se encuadran dentro de la Demarcación de Costas comenzaron a ejecutarse en 1994, si bien es cierto que la mayoría de los expedientes respondían a casos abiertos en 1988 cuando empezó a rodar la Ley. Pero por suerte para los afectados, la justicia es lenta y tarda en tramitar los expedientes entre 10 y 15 años.

La factura de Costas a la Comunidad
- SAN PEDRO DEL PINATAR: La zona costera del municipio ha sufrido la demolición del Bar-Restaurante en la playa de El Mojón, así como el almacén del Restaurante Floridablanca. Mientras que el Kiosko Tambalillo en Lo Pagán fue retirado, al igual que la terraza de un establecimiento en la Playa de la Puntica.
- CARTAGENA: La ciudad portuaria perdió entre 2005 y 2009 once viviendas en la playa Los Urrutias, los soportales de un edificio en Los Nietos, un bloque de dos alturas en Playa Honda, y el Club de Playa Mar de Cristal.
- SAN JAVIER: La localidad marmenorense ha visto desaparecer un kiosco en Playa de Veneciola y un chiringuito-pantalán en Isla Perdiguera entre 2006 y 2007, aunque desde 2008 hasta abril de 2010 no ha sido efectuada ninguna demolición de vivienda u hotel.
- MAZARRÓN: Los ciudadanos han sido testigos en el último lustro del derribo de viviendas (cuatro) en la playa La Isla, Cabezo de Arráez y en La Reya.
- ÁGUILAS: Perdió dos terrazas de establecimientos hoteleros.