Piden seis años de cárcel para Fran Fernández

El ex portavoz del PSOE, acusado de prevaricar y malversar fondos

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SEVILLA- La acusación particular ha pedido seis años de cárcel y quince de inhabilitación para Francisco Fernández, ex concejal y ex portavoz del PSOE, por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al adjudicar sin concurso la compra de material para los bomberos.
Fuentes del Sindicato Profesional de Bomberos, que ejerce la acusación, informaron a Efe de que han pedido para Fernández diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otra condena de seis años de cárcel y quince de inhabilitación por malversación de fondos públicos.
Fernández ha sido objeto de un procedimiento abreviado porque, según el juez, adjudicó directamente unas compras por importe de 644.485 euros al Grupo Iturri, en una decisión «arbitraria, unilateral y a sabiendas de que estaba omitiendo las normas esenciales del procedimiento exigidas por la ley». El proceso se llevó a cabo a principios de 2007, cuando Fernández acordó verbalmente con la empresa la adquisición por parte del Ayuntamiento del equipamiento necesario para incorporarlo a ocho vehículos autobomba, previamente adquiridos mediante un expediente «debidamente formalizado», según el juez.
En el auto de incoación de procedimiento abreviado el juez de Instrucción 4 de Sevilla indica que Fernández, entonces concejal de Gobernación, pudo incurrir en un delito de prevaricación con una decisión «arbitraria y de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa».
Los bomberos acusan
Fernández se excusó «en la emergencia que requería la situación en la ciudad ante una supuesta insuficiencia de medios del Parque de Bomberos» pero en el caso no concurría ninguno de los supuestos de emergencia o urgencia que prevé la ley. Si se tratase de una situación de emergencia, aunque en un primer momento se podría haber omitido cualquier trámite, la normativa exige un acuerdo acompañado de la oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente. «Nada de eso se hizo», concluye el juez, que por ello ha dado a la Fiscalía y a la acusación particular un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio o pidan el archivo de la causa.