Familia y negocio

En 2016 habrá en España 4,5 millones de familias monoparentales, que es lo mismo que decir familias cojas o reducidas a la mitad porque los padres están divorciados o las madres deciden prescindir del varón para la crianza de sus hijos. El cálculo lo han realizado los analistas de los hábitos de consumo con el rigor matemático que suelen aplicar a su labor, ya se trate de estudiar la dimensión de un embalaje o de cartografiar las neuras del treintañero urbano. El caso es que como las familias monoparentales crecen al frenético ritmo de 115.000 al año, los perdigueros del mercado han olfateado la suculenta dimensión de la presa. No hay nada más frágil en una superficie comercial que un progenitor rodeado de hijos insaciables y expertos en chantajes. En el Serengeti los leones suelen ser más piadosos. Como es natural, a los vendedores les interesa mimar a esta nueva clientela sin detenerse, porque no les corresponde, a evaluar cómo el aumento de las rupturas matrimoniales y de los modelos que excluyen al varón del hogar deteriora el tejido social y fragiliza la convivencia entre generaciones. Es inevitable que haya divorcios, desde luego, del mismo modo que es inevitable que haya accidentes laborales, incendios o enfermedades. Cada cual en su grado, todos son sucesos no deseados y dañinos, de ahí que los poderes públicos los combatan y dediquen ingentes sumas de dinero a prevenirlos. Sin embargo, esos mismos poderes no consideran que la estabilidad familiar sea un valor social estimable por el que valga la pena trabajar. Al contrario, si se toma como referencia la legislación última, se llega a la conclusión de que el divorcio exprés y el aborto libre son su gran aportación a la política familiar. En vez de potenciar en la familia los mecanismos de conciliación, de favorecer fiscalmente su estabilidad y de subrayar su contribución a la paz social, se la diluye en una maraña legislativa que privilegia nuevos tipos de unión, como la homosexual, y premia a los divorciados con ventajas que le niegan a la familia común. El gobernante parece despreciar o ignorar que, según ha revelado un reciente estudio de la UE, gracias a la amortiguación de la familia la sociedad española, con un paro del 20%, aún no ha saltado por los aires. Y tampoco cae en la cuenta de que, según datos del INE, ha crecido un 10,3% el número de menores condenados por la Justicia (17.572 en 2009), casi todos hijos pertenecientes a familias desestructuradas. La familia es un gran negocio, en efecto, pero no tanto para los supermercados como para toda la sociedad.