Grave deriva proetarra

La deriva alarmante para el País Vasco que arrancó con la legalización de Bildu y el copo de un notable poder institucional de la marca proetarra fue interpretada por una parte no menor de la clase política, incluido el Gobierno y los socialistas, como una oportunidad para avanzar hacia el final del terrorismo. Era una lectura interesada y sesgada que no compartimos en momento alguno. Más bien al contrario, hemos defendido que los acontecimientos de los últimos meses han servido a un proceso tutelado por la banda terrorista que sólo podía interpretarse como una victoria de ETA y en consecuencia como un revés grave en la lucha por la libertad.

En estas semanas, especialmente en los días de fiesta grande en las capitales vascas, se ha percibido con claridad la intención del Gobierno vasco y de los partidos nacionalistas de alimentar un clima de opinión particularmente tendencioso, en el que se ha incidido en la tranquilidad y la normalidad en las calles en contraste con la mayoría de veranos especialmente convulsos, reivindicativos y violentos. Obviamente, se ponía así en valor la presencia de Bildu en la vida política vasca y su influencia en este aparente proceso de normalización. La insistencia en ese mensaje, aderezado ayer con manifestaciones desde el Gobierno vasco sobre que las víctimas no ven con preocupación la presencia de Bildu en las instituciones, responde a una planificación y una intencionalidad que sólo podemos lamentar.

El País Vasco no está en calma ni está mejor con los proetarras en las instituciones. En este verano, especialmente en la última semana, como ha denunciado en solitario LA RAZÓN, han sucedido hechos gravísimos como que la Ertzaintza permitiera un almuerzo de homenaje a los terroristas prohibido por la Audiencia Nacional y que luego la Consejería de Interior mintiera y negara que se jaleara a ETA en ese almuerzo como así sucedió y este periódico pudo comprobar in situ. O que los batasunos se manifestaran en Bilbao con gritos a favor de los presos de ETA sin que nadie hiciera nada al respecto.

Existe una sensación de impunidad fundamentada. La democracia ha retrocedido. Es un hecho incuestionable. Hoy, los gritos y los carteles de respaldo a la banda son realidades no castigadas y se ha impuesto una actitud contemplativa con flagrantes actos de enaltecimiento del terrorismo. En este contexto, la respuesta del Gobierno ha sido otro elemento para la inquietud. El ministro Ramón Jáuregui confirmó hace unos días que el Ejecutivo no actuará para ilegalizar Bildu ni sacar a sus representantes de las instituciones, como prevé la Ley Electoral. Ni siquiera después de que el diputado general de Guipúzcoa lamentara sólo los atentados de ETA en Cataluña o de que los representantes de la coalición no condenaran los crímenes de la banda ni pidieran su desaparición.

El Estado de Derecho no puede renunciar a la derrota del terrorismo ni a imponer su superioridad moral. No puede admitir un final sin vencedores ni vencidos. Si este Gobierno no actúa, será el siguiente el que deba hacer justicia.