Acoso a los políticos
La delegada se lava las manos
En cuestión de horas se podrá saber si la «procesión atea» sigue su curso o no. Esta decisión depende del Informe de la Abogacía del Estado que previamente solicitó la Delegación de Gobierno de Madrid. El objetivo de este informe es evaluar la conveniencia del acto reivindicativo y asegurar que respeta todos los derechos.
Los distintos colectivos vecinales y ateos están pendientes de la decisión que tome la Delegación de Gobierno sobre la «manifestación» atea que pretenden llevar a cabo. Primero la denominaron «procesión», concepto que indignó a la comunidad católica por considerarse una provocación y una burla a su culto religioso. Ahora que ya tienen una querella, las asociaciones ateístas solicitaron poder celebrar una manifestación para protestar por su opción religiosa, que es ninguna. Pero por más que intenten camuflar sus intenciones, la última palabra la tiene la Delegación.
La delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, aseguró que «antes del plazo legalmente establecido habrá una resolución». Por su parte, el líder socialista Jaime Lissavetzky explicó que los convocantes han reconocido que es una manifestación y por tanto que es competencia de la Delegación del Gobierno. «Hay que respetar que no haya ningún tipo de problema público en el supuesto de que se aceptara la celebración y de tal manera que no interfiera con algo que me merece mucho respeto, como son las propias procesiones de Semana Santa», reiteró Lissavetzky.
Atrás queda el pequeño problema con el Ayuntamiento de Madrid, a quien la Delegación pensaba que correspondía la decisión final. El Consistorio declaró su condena por los actos que quieren llevar a cabo por considerarlo una provocación que podría dar lugar a problemas dentro del orden público, dada la cantidad de gente que se pasean durante ese día por las calles. El informe que realizó precisa que no va a permitir burla alguna dirigida a la fe o las convicciones de los ciudadanos.
En el caso de que no autoricen la manifestación, los colectivos tienen un plan B, puesto que no están dispuestos a renunciar al Jueves Santo, que alegan que les corresponde tanto como a los católicos. Por ello, ante la negativa, estudian hacer una concentración a modo de protesta. Decida lo que se decida, el objetivo de los colectivos es boicotear la Semana Santa con 4 pasos o una concentración, pero con la misma intención de provocar, crear polémica y crispación. Tras las querellas interpuestas, los colectivos han intentado recular cambiando la denominación de la convocatoria o desvinculándose de los carteles ofensivos y panfletos que se repartieron. En ellos se mofaban de la religión católica sin escrúpulos.
70.000 firmas en contra
El colectivo Hazteoir.org lleva recogidas más de 70.000 solicitudes en contra de la «procesión» y el jueves a las 12:00 horas las entregará a la delegada del Gobierno, por estar convocada «contra los sentimientos religiosos, hecho tipificado como delito en el Código Penal». También planea denunciar a los organizadores por hacer referencia a la quema de iglesias de los años 30. La Asociación Estatal de Abogados Cristianos fue la primera en denunciarlo porque consideran que dicho acto ateo «incita al odio y a la violencia, en concurso con delitos de enaltecimiento del terrorismo».
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