El TC avala «la Parot» a un etarra pese a Estrasburgo

Madrid- El Tribunal Constitucional confirmó ayer la aplicación de la «doctrina Parot» al etarra Ignacio Pujana Alberdi, por lo que su excarcelación no se producirá hasta febrero de 2018. Es la primera ocasión en que se pronuncia el Alto Tribunal después de que el pasado día 10, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenase a España por aplicar esa doctrina, que hace que los beneficios penitenciarios se apliquen a cada una de las penas y no sobre el tiempo máximo de cumplimiento, a la etarra Inés del Río. El argumento esgrimido no es otro que el etarra no agotó la vía jurisdiccional para recurrir esa decisión de la Audiencia Nacional, ya que antes de acudir al TC debería haber interpuesto recurso de casación ante el Supremo.
Esta exigencia, señala la sentencia del Alto Tribunal, es un requisito «inexcusable» para que se pueda admitir una demanda de amparo, ya que con anterioridad hay que dar oportunidad a los órganos judiciales «de pronunciarse, en definitiva, remediar la lesión» del derecho fundamental que luego se invoca ante el TC.
En este caso, Pujana Alberdi acudió directamente al Tribunal Constitucional «sin hacer uso del recurso de casación» ante el Tribunal Supremo, que es quien tiene competencia para resolver si se ajustó a la legalidad los autos de los tribunales por los que se aprueban los licenciamientos de condena, en cuanto incide «en el límite concreto de pena privativa de libertad que ha de cumplir el penado».
 Ignacio Pujana Alberdi fue condenado en marzo de 1993 a penas que sumaban 79 años de prisión, y seis años después la Audiencia le aplicó la «doctrina Parot» y fijó su excarcelación para junio de 2021, aunque unos meses más tarde corrigió la fecha y se estableció febrero de 2018 como cumplimiento de su condena. Este etarra, miembro del «comando Totorramendi» fue condenado, entre otros hechos, a 28 años de prisión por el asesinato , el 23 de julio de 1983, del empresario alavés Ramiro Salazar. Ramiro Salazar Suero, quien entonces tenía 35 años, era propietario de una empresa de automóviles, estaba casado y tenía dos hijos. Su esposa estaba embarazada.

«No es un tribunal político ni politizado»
«El Tribunal Constitucional es un tribunal independiente, no un tribunal político, ni politizado, ni integrado por políticos». Así lo afirmó el presidente del TC, Pascual Sala, en su discurso tras la toma de posesión de Andrés Ollero, Juan José González Rivas, Encarnación Roca y Fernando Valdés como nuevos magistrados del mismo. Además, incidió en que el Tribunal Constitucional resuelve «con arreglo a estrictos criterios jurídico-constitucionales y no de conveniencia u oportunidad política». También aprovechó la ocasión para criticar la tardanza por los partidos en consensuar la renovación de los que acaban mandato.