Boicot socialista a las reformas

Los gobiernos socialistas de Andalucía y el País Vasco han planteado abiertamente «rebelarse» contra el plan de reformas de Rajoy y ayer anunciaron sendos recursos ante el Tribunal Constitucional por considerar que los recortes sanitarios a los inmigrantes ilegales violan preceptos fundamentales. Además, la coalición socialcomunista que preside Griñán ya ha anunciado que no aplicará la reforma laboral en la Administración andaluza. Recurrir al tribunal de garantías constitucionales es un derecho de las comunidades y nada habría que reprocharles a los mandatarios socialistas si no fuera porque utilizan ese derecho como ariete para arremeter y desgastar al Gobierno del PP. Si López y Griñán han abierto hostilidades contra Rajoy es porque siguen instrucciones precisas del secretario general del PSOE, quien el jueves anunció públicamente que los gobiernos en los que participan los socialistas «trabajarán para minimizar el efecto dañino» de las reformas. Todo apunta a que es el comienzo de una estrategia obstruccionista a las normas generales destinada a presentar al PP como culpable de todos los males, especialmente en las comunidades donde gobierna el PSOE. Es la sobada táctica de desviar a terceros las responsabilidades propias, tan querida por nacionalistas y populistas. Ni que decir tiene que, por razones de credibilidad y de interés general, el presidente debe plantarle cara a este desafío y hacer valer el mandato que ha recibido de la gran mayoría de los españoles para sacar a España del agujero en el que la dejaron los socialistas. Como es natural, las autonomías pueden hacer con sus competencias lo que crean más oportuno dentro del marco legislativo general. Es más, deberían ejercerlas con más decisión y audacia, de modo que si creen necesario cobrar íntegramente las medicinas, suprimir quirófanos o prescindir de interinos, háganlo y carguen con el desgaste político correspondiente. Tanto en Sanidad como en Educación, el Gobierno de la nación sólo está obligado a marcar las normas básicas e imprescindibles que garanticen la igualdad de derechos de todos los españoles. Pero fuera de ese marco, les corresponde a los gobiernos autónomos gestionarlas con eficiencia y rigor, con la financiación y los recursos humanos que crean más convenientes. En suma, que cada palo aguante su vela. Los ciudadanos están hastiados de ese comportamiento típico de los mandatarios autonómicos que sacan pecho a la hora de recaudar, pero luego se cobijan bajo las faldas del Estado a la hora de recortar. Griñán es muy dueño de emplear el dinero del contribuyente como mejor estime, ya sea en el PER o en contratar más funcionarios, pero en ningún caso podrá sobrepasar los límites de déficit y los legales que rigen por igual para todos los españoles. Otra cosa es que quiera hacer política de vuelo gallináceo contra el Gobierno de la nación, que nada tiene que ver con los derechos fundamentales.