Cárceles del sur para los etarras más sanguinarios

Los principales cabecillas de los presos de ETA, entre ellos sus «portavoces» oficiales, cumplen condena en prisiones andaluzas, las más alejadas del País Vasco. La Política del Ministerio del Interior contempla estas medidas, con el fin de que a los reclusos más significados dentro del «colectivo» se les aplique el reglamento penitenciario en toda su extensión, sin beneficios, ni para ellos ni para sus familias.InterlocutoresAna Belén Egües, que perteneció al «comando Madrid», y Juan Lasa Michelena, «Txikierdi», que fue jefe de los «comandos», se encuentran, respectivamente, en las cárceles de Huelva y Puerto de Santa María, en Cádiz. Ambos son los representantes designados por ETA para «negociar» con las autoridades penitenciarias los asuntos relativos al «colectivo». Los abogados del entramado, recientemente detenidos en una operación de la Guardia Civil, tenían a Egües y Lasa como interlocutores aunque en cada centro había un recluso que hacía de portavoz. En prisiones andaluzas cumplen condena también sanguinarios pistoleros, como José Antonio López Ruiz, «Kubati»; Henri Parot; o Germán Rubenach Roig, en el Puerto de Santa María; o Antonio Troitiño Arranz, en Huelva. Su historial delictivo, con decenas de asesinatos a las espaldas cuando pertenecían a los «comandos» «Gohierri» o «Madrid, representa la realidad de una organización criminal, que, en la actualidad, gracias a la eficacia de las Fuerzas de Seguridad, pasa por uno de los peores momentos de su siniestra historia.La política de dispersión de los presos etarras, desarrollada desde 1987, se ha demostrado como la más eficaz. La citada operación de la Benemérita contra el «frente jurídico» puso al descubierto algo que ya se sabía: el problema que para los cabecillas representa que sus reclusos estén diseminados por cárceles de toda España y los medios, humanos y materiales, que tienen que poner en marcha para que sus directrices lleguen a todos los centros. Además, los cacheos integrales a las personas que van a visitar a los internos, siguen en vigor tras comprobarse que las órdenes de ETA entraban en las cárceles en «canutillos», que algunos de los visitantes introducían en sus cuerpos con el fin de que no fueran detectados por los funcionarios encargados de la seguridad.Los responsables del «colectivo» hicieron público un comunicado en el diario «Gara», en el que aseguraban que los cacheos ya no se llevaban a cabo y lo presentaban como un éxito de las protestas que realizaron meses atrás. No era cierto. En cualquier caso, después de las pruebas descubiertas en los despachos de los abogados del «frente jurídico», medidas de este tipo se han demostrado más que necesarias.LA RAZÓN adelantó en su edición del pasado miércoles que el Ministerio del Interior estudia una redistribución de los presos etarras, con el fin de aplicar beneficios a los supuestamente «blandos» frente a los más «duros». Expertos antiterroristas, reticentes en otros momentos, defienden que ahora se pongan en marcha este tipo de medidas ya que, recuerdan, son reversibles. Si los acercamientos al País Vasco u otro tipo de beneficios no surten los efectos deseados, siempre se puede volver a la situación anterior. Una división en el seno del «colectivo», supondría un éxito para la lucha contra ETA.