La independencia del Banco de Inglaterra clave para superar la crisis

Al celebrarse el Tratado de Maastricht, en 1992, el Reino Unido obtuvo una cláusula de exención, denominada «opt-out». No sólo le eximía de implantar el euro si no que, además, le otorgaba el privilegio de una política monetaria propia, con la libertad de devaluar la libra a su conveniencia, aumentar así las exportaciones, subir o bajar los tipos de interés o imprimir billetes para estimular la economía cuando les viniera en gana. En otras palabras, el Banco de Inglaterra tomaba las medidas que le parecían más oportunas en cada momento sin necesidad de pedir permiso a Bruselas.
En un principio, la entidad gobernada por Merving King estaba muy politizada y el Chancellor del momento siempre caía en la tentación de bajar la tasa de interés antes de cualquier elección para asegurarse de alguna manera el voto de los británicos atados a una hipoteca. Pero con Gordon Brown todo cambió. Antes de convertirse en «premier», el laborista fue un exitoso ministro del Tesoro que en 1997 ideó un sistema tripartito para incrementar la eficacia de los supervisores en las islas. Dibujó un triángulo y en los vértices situó al Tesoro, el Banco de Inglaterra y la Autoridad de Servicios Financieros (FSA).
Durante la época de bonanza todo funcionó a la perfección. Pero llegó la crisis y a sus herramientas para capear el temporal –entre las que destacan los tipos de interés, que siguen actualmente en un mínimo histórico del 0,5 %- el Banco de Inglaterra se sacó de la chistera un programa bautizado como «Quantitative Easing» (alivio cuantitativo).
La medida, con sello de Brown, no significaba otra cosa que empezar a inyectar dinero para reactivar la economía. En marzo de 2009, el Banco Central inyectó 75.000 millones de libras y amplió la cifra a 200.000 millones a finales de ese mismo año. En octubre de 2011, la entidad anunció un paquete adicional de 75.000 millones libras que volvió a extender en febrero de 2010.
En su última reunión, el pasado 5 de julio, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra decidió mantener los tipos de interés en su mínimo histórico desde el 5 de marzo de 2009 y elevar el importe de su programa de recompra de activos mediante la emisión de reservas en 50.000 millones de libras, situando por tanto el total del programa de alivio cuantitativo en los 375.000 millones de libras.
La economía británica esta luchando por emerger de su segunda recesión en cuatro años. La inflación se desaceleró fuertemente en los últimos dos meses a un mínimo en dos años y medio de 2,4% y, según informó esta semana la Oficina Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo en las islas se situó en el 8,1 % al disminuir el número de parados entre marzo y mayo hasta los 2,58 millones.
Aunque el panorama no se presenta fácil, el Gobierno liderado por los conservadores sigue adelante con su plan de austeridad –el más draconiano desde la II Guerra Mundial- empeñado en reducir el déficit histórico a final de la legislatura.
A pesar de que tanto David Cameron y George Osborne siempre criticaron el «modelo tripartito» de Brown, aún no han remodelado el sistema de regulación financiera para darle nuevos poderes al Banco de Inglaterra y eliminar la FSA, acusada de ineficacia durante la crisis financiera.
Hasta ahora lo único que ha dicho el Chancellor es que dadas las condiciones actuales, sería "escandaloso"dejar un sistema de regulación que ha fallado de "manera tan espectacular". Pero tampoco ha especificado cuáles son los poderes que va a otorgar al Banco de Inglaterra para cambiar la situación.
Los analistas han recalcado que la cuestión no radica en quién va a gozar de las competencias, sino en cuáles van a ser. Si los tories traspasan los mismos poderes con los que cuenta la FSA al banco central, Mervyn King tendrá las mismas manos atadas que en su día denunció Hector Sants, director de FSA.
El regulador ha reiterado en varias ocasiones que el campo de acción con el que cuenta es limitado. Es más, cansado de tanta crítica con respecto a su actuación ante la crisis, el presidente de la autoridad, Adair Turner, llegó a calificar de "analfabetismo financiero"sugerir que el regulador debería ser quien pusiera coto a las bonificaciones. Turner dijo literalmente que estaría "feliz"de imponer cargas fiscales a los bancos para reducir sus beneficios, pero matizó que esto no estaba en sus manos sino en las del Gobierno.