Sanidad ignora la rebelión del PP en contra del aborto

Al final, primará la estrategia política sobre el consenso; la ideología y sobre la oposición de media España, y el deseo partidista sobre la necesidad de contener el gasto. El Ministerio de Sanidad decidió ayer proseguir con la tramitación de los dos decretos que desarrollarán la nueva Ley del Aborto. De nada valieron las quejas internas formuladas por algunos consejeros de Salud del entorno socialista acerca del coste adicional que supondrá para las arcas públicas la aplicación del texto pergeñado por Bibiana Aído en estos tiempos de vacas flacas.Tampoco sirvió el rechazo de todos los consejeros del PP en el Pleno del Consejo Interterritorial de ayer ante una norma que entrará en vigor el 5 de julio, y que hoy será recurrida por esta formación ante el Constitucional. Al término de una reunión en la que se escenificó la división existente en este punto, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, aseguró su intención de seguir adelante con la ley, y remarcó que el recurso no paralizará su desarrollo: los decretos seguirán para delante. «Todos estamos de acuerdo en que no se puede penalizar la situación de una mujer que tiene que acudir a la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que la obligación es ofrecer un marco jurídico de total garantía desde el punto de vista clínico para la mujer y desde el punto de vista jurídico para los profesionales», remarcó la titular sanitaria.¿Pero qué dicen los decretos? Básicamente, dos cosas. La primera es que los médicos tendrán la carga de decidir sobre un aborto de una menor cuando ésta acredite con algún tipo de documento que al menos uno de sus padres o tutor está informado. La segunda es una cláusula que penaliza a las autonomías que no practiquen abortos, obligándolas a financiarlos en el hospital acreditado que elija la mujer en cualquier comunidad. La norma está pensada para el caso navarro, en donde no se realizan interrupciones voluntarias del embarazo por la objeción de sus sanitarios.Los consejeros del PP mostraron ayer su oposición a ambos decretos, sin entrar en su contenido más allá de asegurar que «ponen en riesgo la seguridad jurídica de los profesionales», por dos motivos: el primero es que desarrollan una norma que, a su juicio, vulnera la Constitución. De ahí que, según ellos, carezcan de validez. El segundo es que no entienden que los dos decretos de desarrollo hayan sido sometidos a debate del Interterritorial sin que el Gobierno hiciera lo mismo con la norma a la que desarrollan».

10 DÍAS DE MÁXIMO PARA PAGAR OPERACIONESLas autonomías que objeten ante el aborto tendrán 10 días para abonar la operación en otro hospital acreditado.

16 AÑOS ES LA EDAD PARA ABORTAR LIBREMENTECon la ley, las menores podrán abortar libremente: sólo tendrán que acreditar que informaron a sus padres.