Cataluña
Ruiz plantea una póliza de salud obligatoria para las rentas altas
El conseller de Salud, Boi Ruiz, volvió ayer a provocar una fuerte polémica al lanzar la idea de que, para reformar el sistema sanitario español, los ciudadanos tendrían que contratar de forma obligatoria una póliza a partir de una determinada renta, que no especificó. En una jornada organizada por la patronal de la sanidad privada Aces, Ruiz comentó que «seríamos partidarios de una póliza básica de obligado seguro para aquellos que tienen un determinado nivel de renta».
BARCELONA- Ruiz añadió que «no sabemos cuáles serán las reformas que se harán a nivel español, pero no somos muy optimistas». «A nosotros nos gustaría un modelo asegurador diferente, parecido al de otros países europeos, en los que existe esta póliza obligatoria», reiteró el conseller, ante la plana mayor de la sanidad privada catalana, que recibió sus afirmaciones con los brazos abiertos.
Desmentido
Las declaraciones de Ruiz levantaron polvareda. Pocas horas más tarde, la Generalitat emitió un comunicado que negó que el Gobierno catalán «esté considerando la posibilidad de introducir una póliza obligatoria para acceder a los servicios sanitarios».
El departamento de Salud puntualizó que en la citada jornada se hablaba de la financiación de los servicios sanitarios, y que, en ese contexto, el conseller comentó que «uno de los modelos posibles es el de Holanda, país en el que existe esta póliza obligatoria». Fuentes de la conselleria insistieron en que se trató más de una «observación» que de una «propuesta».
El titular de Salud aludió a los primeros meses del futuro Gobierno del PP, y señaló que «a medio plazo lo van a tener difícil para definir un cambio de modelo». En este sentido, afirmó que «Cataluña lleva ventaja, porque llevamos un año de recortes». En un calculado discurso, muy cercano a la sanidad privada, el conseller no hizo ninguna referencia al copago y se mostró favorable a que «el sector público y privado cooperen más que compitan».
Además, pidió a las patronales sanitarias que presenten un plan estratégico en el que realicen una radiografía del sector, con el objetivo de identificar los puntos en los que la Generalitat pueda ayudar. También elogió la contribución de las aseguradoras a la sanidad catalana.
La ministra de Sanidad en funciones, Leire Pajín, expresó por su parte su confianza en que el nuevo Gobierno del PP dirigido por Mariano Rajoy «no consienta» a la Generalitat llevar a cabo este tipo de planes, porque, a su juicio, «pueden fragmentar el sistema nacional de salud».
Por su parte, el portavoz del Govern, Francesc Homs, negó la existencia de un «plan oculto» de la Generalitat para desmantelar la sanidad pública, pese a que este rumor planea sobre el sector desde hace meses, un hecho favorecido por varias afirmaciones del conseller.
La sanidad privada celebró la propuesta del conseller. La patronal Aces, que engloba a 121 centros privados, aprovechó el momento para pedir una «reformulación total» del sistema sanitario, que a su juicio consistiría en pasar del «Estado del bienestar a la sociedad del bienestar». El director general de este organismo, Lluís Monset, aseguró que «el futuro Gobierno de Rajoy debería traspasar responsabilidades en materia sanitaria hacia las personas», en referencia a privatizar servicios.
Preparando el terreno con los funcionarios
BARCELONA- Justo un día antes de iniciar las conversaciones con los representantes sindicales de los trabajadores públicos de la Generalitat (unos 230.000), el portavoz del Govern, Francesc Homs, quiso enviar un mensaje de elogio a todos los funcionarios. «Están haciendo un trabajo muy loable, con una gran profesionalidad y más cuando se aborda una negociación de estas características», dijo. Homs se esforzó en desmontar la idea de que son trabajadores con privilegios y, así, intento suavizar la negociación para rebajar la tensión por el «tijeretazo» que van a experimentar sus nóminas durante 2012. La Generalitat planea recortar una parte del complemento salarial que los empleados públicos reciben dos veces al año y ahorrar unos 600 millones.
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