El dinero de los ERE se «camufló» como gastos de explotación

La Junta de Andalucía ha tejido un complejo sistema burocrático en torno a las ayudas sociolaborales a empresas en crisis. El 90 por ciento de los 647 millones que ha gastado entre 2001 y hasta 2009 ha servido para pagar expedientes de regulación de empleo en donde ya se han encontrado al menos 39 personas que han obtenido recursos de manera fraudulenta

La juez de Mercasevilla imputa a uno de los prejubilados del ERE de 2007
La juez de Mercasevilla imputa a uno de los prejubilados del ERE de 2007

El mecanismo urdido ha evitado la fiscalización de las cantidades, ya que la Junta las transfería a entes instrumentales –primero el IFA y luego la Agencia IDEA– que las reflejaban en sus cuentas como gastos de explotación –para sufragar operaciones genéricas de funcionamiento, como gastos de personal o arrendamientos–.

La realidad es que de ahí se abonaron los ERE que ahora investiga el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. A las consecuencias penales que se dirimirán en los tribunales, hay que añadir las posibles infracciones administrativas y responsabilidades políticas derivadas de esta práctica. Ahí es donde incidió ayer el presidente del PP-A, Javier Arenas, durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, fue consejero de Economía y Hacienda desde 2004. De él dependía la Intervención General que en 2005, 2006 y 2007 mostró su disconformidad con el procedimiento elegido. Pero no se le hizo caso. El propio Griñán firmó algunas de las órdenes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que comunicaban la transferencia de ese dinero como gastos de explotación a la «administración paralela». Las cantidades varían en función del Presupuesto anual del Gobierno andaluz. Por ejemplo, entre 2008 y 2010, la Agencia IDEA recibió más de 360 millones de euros por este concepto.

Arenas vio ayer «responsabilidad directa» en el presidente por una actuación «al margen de la legalidad administrativa».

Por su parte, Griñán defendió la legalidad de las ayudas e insistió en que colaborarán con la Justicia. Eso sí, negó una comisión de investigación en la Cámara andaluza, una propuesta defendida por el PP e IU. Los populares la solicitaron por primera vez en mayo de 2009 por las irregularidades detectadas en Mercasevilla.