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Mellet y Ponce impiden verificar la grabación que originó el escándalo

Las defensas esgrimen la existencia de «informes previos que evidenciaban faltas de garantías procesales».

La Razón
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SEVILLA- La titular del juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, tendrá dificultades para evitar cualquier duda en la identificación de los participantes en aquella conversación grabada secretamente que hizo estallar el escándalo en Mercasevilla. Los imputados Fernando Mellet, ex gerente de la sociedad, y Daniel Ponce, antiguo director adjunto, se acogieron ayer a su legítimo derecho a no declarar para evitar la prueba de voz ordenada por la magistrada para certificar la presencia de ambos en el encuentro con los responsables de La Raza en el que, según los empresarios, se les exigió hasta 450.000 euros en «maletines» para garantizar su implicación en una futura escuela de hostelería.Según Europa Press, Mellet y Ponce acudieron a las diez y media de la mañana a la Comandancia de la Guardia Civil, donde estaban citados por la juez Alaya junto a los hosteleros de La Raza, Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas. En la misma sede oficial, los encausados ratificaron su intención de guardar silencio debido a la existencia de «informes previos que evidenciaban faltas de garantías procesales».Así lo aseguró el abogado de Daniel Ponce, Simón Fernández, refiriéndose a un dictamen anterior de la Policía Judicial en el que se advertía de que la deficiente calidad del material sonoro hacía inviable la identificación de las personas grabadas.La instructora no se dio por vencida y pidió la intervención del Departamento de Acústica Forense de la Guardia Civil en Madrid, que respondió solicitando una prueba de voces para cotejarlas con la grabación y autentificarla como «evidencia legal».Las defensas de Mellet y Ponce reclamaron la pasada semana ante la juez la suspensión de dicha prueba de voz al considerar que su realización sólo persigue incriminarles «como sea en la participación de determinados delitos». Ambos letrados creen que sus clientes «no gozan de las suficientes garantías», más cuando un primer informe policial ya determinó con meridiana claridad que la grabación no tiene calidad.